Asturias.-El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al gobierno regional, a través de su portavoz adjunta, que de explicaciones con carácter de urgencia sobre el estado de tramitación de la licencia de explotación de la mina a cielo abierto de Cerredo. Este procedimiento administrativo resulta fundamental para “evitar el deterioro de la actividad económica y consiguiente pérdida de puestos de trabajo” en el concejo de Degaña, de ahí la necesidad de agilizar una autorización con la que el Principado se mostró inicialmente de acuerdo aunque “ahora parece haber cambiado de opinión”.
“A qué se debe ese cambio de postura”, es una de las preguntas que la diputada regional y portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, ha trasladado al consejo de gobierno. Preguntas que todavía no han recibido respuesta y que el PP ha decidido reforzar, ante la lógica preocupación de los vecinos y la falta de concreción del Principado, con la presentación de una interpelación de carácter urgente.
Según expone Emma Ramos, “estamos hablando de un concejo que vive casi exclusivamente de al minería” y, por tanto, la tramitación de la licencia de explotación de la mina a cielo abierto de Cerredo no debería estar sometida a vaivenes políticos y cambios de opinión. “El Principado, en abril, se mostró de acuerdo con autorizar la explotación”, recuerda Ramos. Casi cinco meses después, la empresa Astur-Leonesa sigue esperando por la correspondiente autorización.
“La mina de Coto Minero del Cantábrico (Grupo Alonso) en Degaña es una de las explotaciones mineras más modernas, en la que se invirtieron millones de euros para aplicar una tecnología de extracción más avanzada. Tras la solicitud de liquidación voluntaria de la empresa, en julio de 2013, la administración concursal adjudicó Coto Minero del Cantábrico a Astur-Leonesa. Dicha adjudicación ha conllevado la contratación de 96 trabajadores que se encontraban en situación de regulación temporal de empleo”, pone en contexto Emma Ramos. “De completarse la plena actividad, una vez resueltos los trámites administrativos, tanto en interior como en cielo abierto, se consolidarían 370 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos”, añade.
En definitiva, “se trata de una actividad fundamental para el futuro de la comarca suroccidental y en particular para los concejos de Degaña e Ibias”, de ahí que el Partido Popular haya exigido al gobierno del Principado que resuelva de forma urgente la tramitación del permiso de explotación “con el fin de poder mantener la actividad económica y la extracción del carbón en la zona”.
