El servicio jurídico del Principado considera que existen argumentos suficientes para anular el real decreto-ley del Ejecutivo estatal

• Aprobado un techo de gasto no financiero de 3.529 millones para el próximo ejercicio

• Los 1.182 funcionarios de la Administración de Justicia dispondrán de las mismas condiciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal que el resto de empleados públicos

• Luz verde al decreto que establece el currículum de Primaria

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Consejo Consultivo el preceptivo dictamen para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 124 del Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia y en el que, entre otras cuestiones, se establece un tipo único del 0,03% en el impuesto de depósitos bancarios estatal.

El servicio jurídico del Principado elaboró un informe el 14 de agosto en el que estima que existen argumentos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios introducidos en tal real decreto.

Entre los motivos propuestos por los servicios jurídicos para interponer el recurso destacan los siguientes:

• No se justifica la urgencia en la regulación de este impuesto. En consecuencia, no concurren los presupuestos constitucionalmente exigidos para regular esta materia mediante decreto-ley y no a través de una ley ordinaria. El artículo 86 de la Constitución reserva el uso del decreto-ley para casos “de extraordinaria y urgente necesidad”.

• De acuerdo con el principio de reserva de ley, no es posible utilizar un real decreto-ley para regular aspectos esenciales de un tributo, tales como el tipo impositivo o la base imponible.

• El Gobierno central no contempla mecanismo alguno de compensación para aquellas autonomías –como Asturias- que ya contaban con este tributo con anterioridad, por lo que se estaría vulnerando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (artículo 6).

• El real decreto-ley –que entraría en vigor desde el 1 de enero de 2014- no respeta los límites constitucionales a la retroactividad tributaria desarrollados por el Tribunal Constitucional. La retroactividad del real decreto-ley tiene efectos sobre los sujetos pasivos del impuesto y vulnera el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes al impedir a los ciudadanos adecuar su conducta económica al cambio legislativo.

Con esta decisión, el Gobierno del Principado sigue los mismos pasos que tomó el año pasado, cuando el 16 de marzo de 2013 acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. El recurso fue admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional el 23 de abril de 2013.

Límite de gasto

El Ejecutivo también ha aprobado un límite de gasto no financiero de 3.529 millones para 2015, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta estimación del límite de gasto, que será remitida al Consejo de Política Fiscal y Financiera, resulta de sumar los ingresos no financieros, que ascienden a 3.367 millones; el déficit público máximo, que es del 0,7% del PIB nominal previsto para Asturias en 2015 y supone una cantidad de 156 millones, y los ajustes de contabilidad nacional, que se elevan a seis millones.

La cantidad aprobada hoy supone un incremento de siete millones (0,2%) en comparación con el techo de gasto estimado para 2014.

Trabajadores de Justicia en situación de incapacidad temporal

El Gobierno ha dado luz verde al acuerdo de la Mesa General de Negociación del Personal de Justicia, posteriormente ratificado por la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario y Estatutario, por el que se reconoce un complemento retributivo a la prestación económica por incapacidad temporal. Se aplicará en determinados supuestos derivados de contingencias comunes como enfermedad grave, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de radio o quimioterapia, entre otros. El importe se abonará a partir del día 181 de la incapacidad y servirá para que el trabajador alcance el 100% de la retribución que recibió el mes anterior a la baja.

Este acuerdo, que afecta a los 1.182 funcionarios afiliados a la Mutualidad General Judicial (Mugeju), los equipara al resto de los empleados públicos de la Administración del Principado que están afiliados al Régimen General a la Seguridad Social. Estará vigente mientras la afiliación a dicha mutualidad sea obligatoria para los funcionarios de la Administración de Justicia.

Decreto para regular la prolongación del servicio activo del empleado público

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que concreta los criterios para el ejercicio del derecho a la prolongación del servicio activo más allá de la edad obligatoria de jubilación así como el procedimiento para su tramitación,  lo que otorgará mayor seguridad jurídica a los empleados públicos. Así, serán tenidos en cuenta  aspectos tales como la ordenación de los recursos humanos, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la constatación de determinadas circunstancias personales vinculadas a los periodos de cotización o de servicios efectivos a la Administración Pública.

Este decreto, aplicable al personal funcionario al servicio de la Administración del Principado, que incluye al personal docente y que exceptúa al personal estatutario y al de justicia porque cuentan con su propia regulación, desarrolla las previsiones legales establecidas tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la Ley de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, en la modificación operada por la Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, en materia de jubilación y de prolongación de la permanencia en el servicio activo.

El contenido del decreto fue negociado previamente con las organizaciones sindicales y sometido al dictamen del Consejo Consultivo.

900.000 euros para ayudas a la contratación de seguros agrarios

El Ejecutivo ha autorizado a la Consejería de Agroganadería a destinar 899.960 euros a ayudas para la contratación de seguros agrarios combinados en este ejercicio. La consejería destaca que estos seguros constituyen un importante instrumento para la regulación y profesionalización del sector, al permitir que los agricultores y ganaderos que los suscriben puedan hacer frente a las pérdidas económicas sufridas como consecuencia de la climatología adversa, accidentes y enfermedades del ganado.

La Consejería de Agroganadería también ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno para realizar un gasto de 400.000 euros para la convocatoria de ayudas a la prestación de servicios de asesoramiento destinadas a cooperativas y entidades asociativas agrarias. 

Igualdad de trato y prevención de la violencia de género en educación primaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula y establece el currículo de educación primaria en el Principado. Dentro del marco de la legislación básica estatal, el Gobierno del Principado adapta las enseñanzas de Primaria a las peculiaridades de la comunidad autónoma. Así, destaca la importancia de la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención de la violencia de género, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el incremento de la calidad educativa.

Del mismo modo, el Gobierno ha aprobado el Programa Regional de Asturias de Formación Profesional para el curso 2014-2015, que forma parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), suscrito por los sindicatos, la patronal y el Ejecutivo.

500.000 euros para las federaciones deportivas

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 500.000 euros para la convocatoria pública de subvenciones para financiar los programas de las federaciones deportivas del Principado durante este año. De igual modo, ha dado vía libre a la suscripción de un convenio de colaboración con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para que este organismo se encargue del transporte de los Juegos Deportivos 2014-2015, convocados por el Gobierno del Principado, en sus fases interzonal y regional.