Además, ha afirmado que va a exigir indemnizaciones a la empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR) por haber causado daños y perjuicios sociales y económicos al reconocer la viabilidad de este proyecto y posteriormente, no llevarlo a cabo. También ha señalado que la consejería era conocedora de que la constructora estaba en concurso de acreedores en el momento que les adjudicaron la obra. Aún así, decidieron creerles cuando CAR aseguró que estaban en condiciones de realizar este proyecto.

   Por su parte, la empresa afectada emitió este jueves una nota de prensa en la que anunciaba que interpondría una denuncia penal contra la Consejera de Educación, su director de Planificación y el director de la obra del colegio Ruiz-Tilve por prevaricación, falsedad e injurias y calumnias.

   A raíz de estas acusaciones, la consejería de Educación ha asegurado que la empresa Construcciones Alfredo Rodríguez desde un principio reconoció la viabilidad de este proyecto al ganar el concurso de adjudicación de esta obra y firmar el contrato por el que se comprometía a realizarla.

   Asimismo no entienden que la empresa comenzará más tarde a pedir a la consejería medidas que se traducían en realizar una obra de "peor calidad" y "mayor coste". En concreto, ha señalado Espina,  solicitaban que para poder llevar a cabo esta obra era necesario un cambio en las anualidades previstas, a sabiendas de que contrato existía una cláusula que prohibía cambiar las mismas.

   Con lo cual, la consejería considera "chocante" que la constructora les haya acusado de "falsedades y prevaricación", cuando han sido ellos mismos los que han incurrido en "solicitar actuaciones" que desde su punto de vista, son "ilegales". Según el director general, la consejería ha cumplido "escrupulosamente" todo el proceso de contratación.

    La consejería ha afirmado que su mayor preocupación es que este colegio se construya. Por ello, ha anunciado que van a iniciar el procedimiento para la resolución del contrato. Además, el director general ha asegurado que la Consejería ya ha comenzado a mantener contactos con la empresa pública Tragsa para que se haga cargo de esta obra. Además ha señalado que es posible que el inicio de las acciones legales retrase la puesta en marcha de las obras.