Las entidades conservacionistas y ecologistas exigen a la Dirección General de Recursos Naturales del Principado de Asturias los motivos por los que participaron ganaderos y cazadores en los controles de población de lobos en 2013, así como los motivos para su participación en los controles de 2014.

Las entidades ambientales han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que todos los grupos "que estamos representados en el Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Asturias han solicitado información a la Directora General de Recursos Naturales, María Serafina Álvarez, a raíz de las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación esta semana, donde asegura que "en líneas generales y en toda Asturias, hay menos ataques que en años anteriores". Además, aseguró que "los ganaderos entienden como tolerables los daños de este año", aunque anunció que, si fueran a más, el Principado volvería a realizar batidas con estos profesionales y con cazadores, como se hizo el año pasado hasta en ocho ocasiones. Por otro lado, declaró que a la guardería del Gobierno regional se irían sumando los guardas de los cotos, los cazadores y los ganaderos para tratar de erradicar ejemplares.

Ante estas declaraciones, las entidades conservacionistas hemos solicitado en el día de hoy:

- Conocer el número de expedientes y de cabezas afectadas por ataques de lobo en 2014 (desde enero hasta junio) y del número de expedientes y de cabezas afectadas en el mismo periodo de 2013 (desde enero hasta junio) en Asturias.

- Conocer los fundamentos de derecho y resoluciones en que se apoyaron las batidas con ganaderos y cazadores el año pasado (2013) hasta en ocho ocasiones.

- Conocer las fechas y localidades así como el número de participantes y su condición (como guardas del Principado pero también con ganaderos y  cazadores) que participaron en dichas batidas, y conocer el número de ejemplares abatidos en las ocho ocasiones citadas en 2013.

Por último, "hemos solicitado los detalles de los fundamentos de derecho y los datos técnicos (en cuanto a expedientes y cabezas afectadas) que darían lugar a que la Dirección General decida sumar a los guardas de cotos, a los ganaderos, y a los cazadores para tratar de erradicar ejemplares". Las entidades ambientales exigen conocer esta información, los motivos técnicos y los fundamentos de derecho, "que no ha sido aportada al Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo", en el que están representadas.

De las declaraciones de la Directora General, afirman, "se desprende que se han podido acometer medidas que no están contempladas en la normativa actual en vigor, como es incorporar a guardas de cotos, ganaderos y cazadores a las medidas de control poblacional de la especie", tanto en 2013 como en 2014, lo que sería "ilegal" asegura el comunicado firmado por Alberto Fernández, en su condición de vocal de las entidades conservacionistas representadas en el comité consultivo del plan de gestión del lobo.