El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha reclamado al ministro de Fomento, José Blanco, “que él mismo o cualquier miembro del Ejecutivo socialista remitan al Congreso, como así ya le ha solicitado IU al Gobierno de forma oficial y reiterada, todos los datos que le han llevado a afirmar sin ningún pudor que ‘no supondrá un gasto para el Estado’ el viaje apostólico de Benedicto XVI a Madrid. Ni Blanco ni los ministros del PSOE pueden pretender estar en misa y repicando con esta cuestión”.

Para Llamazares, “frente a esta afirmación pública de Blanco, apostillada con vehemencia diciendo que la organización de la Jornada Mundial de la Juventud católica se ha hecho de forma ‘austera’, sólo caben dos posibilidades: o es que dispone de cifras y datos que corroboran lo que dice o, simplemente, falta a la verdad. De darse el primer caso, Blanco y su Gobierno estarían despreciando y obstruyendo desde hace meses la labor parlamentaria de control al Ejecutivo y de las cuentas públicas al negarse en la práctica a remitir a la Cámara la evolución de los datos que IU le lleva pidiendo desde 2010, cuando ya puso en marcha las generosas desgravaciones fiscales para el dinero dedicado por las empresas a esta visita”.

En reiteradas ocasiones Izquierda Unida, a través de su grupo parlamentario y en colaboración con el Área Federal de Juventud de esta formación, ha registrado preguntas parlamentarias al Gobierno para su respuesta escrita, la última de ellas en mayo pasado. Frente a ellas, el Ejecutivo del PSOE “o directamente sigue sin responder o en el único caso que lo hizo recurrió a unas generalidades y a un oscurantismo propios de quien tiene algo que no quiere que se conozca”.

En la única respuesta aceptada, el Gobierno socialista se limitó a recordar textualmente que en el gasto público para el Estado de las jornadas católicas se tendrá muy en cuenta que cuentan con los máximos beneficios fiscales al tener “la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de exenciones e incentivos fiscales a las entidades sin fines lucrativos y a las empresas de mecenazgo que colaboran en el evento”.

Además, frente a las continuas afirmaciones desde la jerarquía de la Iglesia católica de que las jornadas no supondrán ningún gasto para las cuentas públicas, asumidas también ahora por Blanco, la única información que el Gobierno ha remitido al Congreso señala que el Comité de Apoyo a las Jornadas -órgano competente para certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa del evento-, no había remitido ninguna certificación, por lo que no era posible facilitar información relativa al montante estimado de los incentivos fiscales de los que se beneficiarán las entidades de mecenazgo ni, como consecuencia de ello, de los impuestos que dejará de ingresar el Estado por estos beneficios fiscales.

Este fue el motivo que ya llevó a Izquierda Unida a requerir una vez más vía parlamentaria si “A fecha de hoy, ¿dispone la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de alguna certificación remitida por el Comité de Apoyo a las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011?”, completa con la cuestión de si “¿Considera el Gobierno que estos regalos a entidades privadas que apoyan un evento religioso son compatibles con la política de austeridad derivada de la reducción del déficit público?”