Santander. – Jaime Nicolás González y Eva Gutiérrez Carrera, inspectores jefe en el Cuerpo Nacional de Policía, han abordado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) temas cruciales referentes a los extranjeros que residen en España de manera irregular. Lo han hecho en el contexto del seminario Retos del fenómeno migratorio en el siglo XXI. La trata de seres humanos para la explotación sexual, que seguirá contando con la participación de importantes profesionales hasta el viernes.
Por un lado, Nicolás ha expuesto la dinámica que suele seguirse desde que un inmigrante "llega al país en busca de oportunidades" hasta que consigue la deseada residencia. Ha recordado que "hoy en día los inmigrantes entran vía aérea y como turistas" y que "la imagen de que los irregulares son los que asaltan las fronteras es algo residual". Además, ha hecho ver a los asistentes que "hay personas que por el camino tratan de sacar beneficio de estos 'ilegales'".
Gutiérrez, por su parte, ha tocado la parte más sensible de la inmigración: la de los inmigrantes-delincuentes, cómo se les pena y cuándo se les puede expulsar. "La lucha contra la delincuencia es uno de los pilares fundamentales de la Ley de Extranjería -ha afirmado Gutiérrez-, que permite la expulsión de los inmigrantes condenados e imputados". Asimismo, ha desmentido la creencia común de que algunos extranjeros cometen faltas deliberadamente buscando prolongar el proceso y quedarse en el país más tiempo. Ha explicado que, de hecho, los inmigrantes irregulares condenados a penas inferiores a seis años (y que no estén relacionadas con delitos que impulsen la inmigración ilegal en número), conmutan su pena de cárcel con la expulsión judicial del país. "Se trata de una forma efectiva de ahorrar recursos y aliviar carga a la administración de Justicia", ha comentado.
Pero esta medida también tiene "aspectos más perniciosos sobre los que reflexionar", según ha explicado la inspectora jefe. Ha hecho especial referencia a que "nada impide aplicar la expulsión sustitutiva aunque la suma de varias penas sea mayor a los seis años de privación de libertad, si ninguna de ellas aisladamente los supera". "De esta manera -ha añadido- si el delincuente fuera español pagaría la pena entera, si fuera inmigrante regular también, pero por ser irregular parece que le estamos premiando".
Cambiando al bando de 'los inmigrantes buenos' (la mayoría), los que llegan al país para tratar de ganarse la vida honradamente, Jaime Nicolás ha declarado que "ahora no nos dedicamos tanto a detener a los extranjeros que defraudan, sino que buscamos a los españoles que hacen negocio aprovechándose de ellos". "La inmigración en sí no es un fraude, sino una oportunidad, pero se mire por donde se mire es un tema complejo", ha añadido.
Uno de las 'trampas' más habituales en los últimos tiempos y por la que más preocupación ha mostrado Nicolás son las 'uniones de hecho exprés'. "Es una mera inscripción en un ayuntamiento, mucho más fácil que los clásicos 'matrimonios de conveniencia', en la que no se pide ni siquiera demostrar que existe convivencia", ha explicado. "Ni siquiera tenemos hoy un registro único nacional, por lo que alguien puede tener varias parejas de hecho en varios municipios". Esto ha llevado a numerosos fraudes de gente que ofrece a ilegales inscribirse como pareja por varios cientos de euros, sin siquiera garantizar después que éstos consigan que se les aplique el Régimen Comunitario o no: "En estos casos el inmigrante es una víctima de ese señor sin escrúpulos y una víctima del sistema", ha sentenciado Nicolás, asegurando que esto es una infracción grave y que debe perseguirse.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
