El texto del Comunicado es el siguiente:

En el día de la fecha ha tenido lugar una nueva audiencia en el juzgado del Juez Thomas Griesa. En dicho encuentro, el juez denegó el pedido de Argentina de reemplazar al mediador Daniel Pollack, quien ha demostrado a través de su último comunicado una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre. El mediador se ha excedido absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de “default” al impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas. Pero, además, no es mérito de Pollack que el Ministro de Economía de la Nación se haya reunido con los fondos buitres, sino una muestra de buena fe de la Argentina, en el marco de la incapacidad de aquél como mediador para encontrar una solución que no sólo beneficie a los fondos buitres. Por estas razones, Argentina reiterará la solicitud de reemplazo del mediador por escrito.

Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados. De este modo, lejos de mantener el status quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos.

En primer lugar, al impedir el cobro a algunos de los bonistas del canje, pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina, así como de los contratos con el 92,4% de los bonistas que ingresaron al canje (cláusula RUFO).

Pero en segundo lugar, como también advirtió Argentina, puede ser ésta una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen. En efecto, también en el día de hoy se conoció que la sociedad privada ISDA (Asociación Internacional de Swaps y Derivados), en la que participan los mismos fondos buitre, dio lugar al pago de los seguros de default por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares. Si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada, ya que son transacciones entre privados, favorece a unos privados a expensas de otros en intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default.

Sin embargo, como ya lo ha reiterado la República, esta situación no configura, bajo ningún punto de vista, un evento de default. En primer lugar, porque dentro de las previsiones que figuran en el prospecto, en el punto 4.1 bajo el rótulo “Casos de Incumplimiento”, ninguno de ellos refiere a un bloqueo de cobro por parte de un juez. Pero, además, porque en ese mismo prospecto el apartado referido a los factores de riesgo prevé una situación de este tipo, otorgando el debido aviso a los acreedores que decidieran adquirir estos títulos.

Lo actuado por el juez hasta el momento revela que su actitud, lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, busca favorecer a los fondos buitre. ¿Cómo puede ser que haya delegado en los fondos buitre la decisión de dar un stay a Argentina, cuando estos mismos fondos podían tener ganancias multimillonarias si no arreglaban? Nunca mejor aplicada la frase “juez y parte”. Pero lo más grave es que ya no estaríamos ante la conocida figura de “utilización de información privilegiada para favorecerse”, figura condenada internacionalmente por todos los organismos de contralor, sino que estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece.

Ante esta posible estafa millonaria, el Ministerio de Economía ha notificado a la Comisión Nacional de Valores esta situación y ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando esta sociedad ISDA lo decide. La CNV solicitará a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo.