El borrador recoge una nueva figura: el concierto social, que permitirá a la consejería concertar servicios y programas con las entidades sin ánimo de lucro
- También se podrán suscribir convenios con el tercer sector para la ejecución de actividades innovadoras y actuaciones urgentes
El Consejo Asesor de Bienestar Social ha aprobado hoy la propuesta de modificación puntual de la Ley de Servicios Sociales realizada por el Gobierno de Asturias. El texto recoge una nueva figura: el concierto social, que permitirá la concertación de servicios y programas entre el Principado y las entidades de iniciativa social, y reforzará la relación entre la Administración autonómica y el tercer sector.
El director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, ha explicado que el texto también recoge la posibilidad de establecer convenios con las entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades de carácter innovador y llevar a cabo actuaciones en casos de urgencia. A su juicio, puesto que desde los servicios sociales se presta una atención centrada en las personas, la posibilidad de establecer convenios con entidades ante una situación que exija una respuesta urgente, tal y como se recoge en el borrador, supondrá un gran avance.
En cuanto a los convenios específicos, Rodríguez Nuño ha señalado que, si bien se pueden realizar con cualquier entidad del tercer sector, se tendrá en cuenta su experiencia en determinados programas a la hora de establecer acuerdos específicos, que se circunscriben a casos urgentes y cuestiones puntuales o singulares.
El responsable de Políticas Sociales ha recordado que la consejería se comprometió a presentar un borrador para modificar la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, y ha destacado que en este proceso se ha contado con las aportaciones de las entidades que forman parte del Consejo Asesor de Bienestar Social.
La modificación de la norma tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, se trasladará al Parlamento asturiano para su tramitación.