Los ataques de Israel en el territorio de Gaza ya han provocado la muerte de cerca de 600 personas, gran parte de ellas civiles, entre las que se encuentran numerosas mujeres y niños/as. Todo ello se está produciendo mediante ataques armados y bombardeos indiscriminados en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Desde Jueces para la Democracia rechazamos esta agresión injustificada contra el pueblo palestino y expresamos nuestra protesta por estas graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
Debemos recordar que, de acuerdo con la IV Convención de Ginebra y otras normas internacionales, las personas civiles y sus hogares no pueden convertirse en objetivos militares. Además, todavía resultan más rechazables estos ataques si consideramos la indefensión en la que se encuentra ante ellos la sociedad palestina y sus evidentes dificultades para poder encontrar refugio o protección. Consideramos rechazable la impunidad con la que ha actuado constantemente Israel en este conflicto con la población palestina, a través de reiteradas violaciones de los derechos humanos que no han tenido una respuesta adecuada en el pasado por parte de la comunidad internacional. También rechazamos el lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de grupos armados palestinos contra la población civil israelí. Pero estimamos que es especialmente criticable la actuación de Israel, ya que cuenta con todos los importantes instrumentos bélicos de su propio Estado para lanzar una ofensiva desproporcionada, que representa una manifiesta vulneración del Derecho Internacional.
Ante esta grave situación, desde Jueces para la Democracia consideramos necesario que se produzca un alto el fuego por todas las partes implicadas, con la finalidad de que se busque una solución dialogada a este conflicto. Y apoyamos la actuación de una comisión internacional independiente que determine los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional que se hayan podido cometer.
Pedimos a la ONU una acción firme y decidida para poner fin al drama humanitario en la región, que sea capaz de restaurar el pleno respeto a las exigencias del Derecho y de la justicia, así como que adopte medidas inmediatas de protección de la población civil. Asimismo, desde Jueces para la Democracia reclamamos al Gobierno español que acabe con su actitud de pasividad y que cumpla con sus obligaciones internacionales, pues estas le exigen una actuación comprometida en contra de las violaciones de derechos humanos que se están perpetrando, de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.
