El Gobierno del Principado advierte de que la reforma de la ley del aborto puede convertir “un derecho en un delito”
Madrid.-El consejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, ha advertido hoy de que la reforma de la ley del aborto supone “una vuelta atrás en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que no nos podemos permitir como país” y, aun menos, si se quiere construir “una sociedad tolerante y de inclusión”. En el turno de ruegos y preguntas de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada hoy bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, Martínez ha mostrado su total rechazo a la tramitación de esta ley que puede convertir “un derecho en un delito”.
Asturias, junto con los representes de los gobiernos de Canarias, Andalucía, Cataluña y País Vasco, había solicitado la inclusión de este debate en el orden del día de la reunión, petición que fue denegada apelando al reglamento. Por ello, el consejero ha intervenido en el turno de ruegos y preguntas para mostrar no sólo su rotunda oposición a esta normativa, sino para “echarle en cara a la secretaria de Estado que las comunidades autónomas nos estemos enterando por los medios de comunicación de todos y cada uno de los pasos que se están dado con respecto a esta reforma de la ley del aborto”. En su opinión, resulta “absurdo” que en una Conferencia Sectorial de Igualdad “no se pueda hablar de algo que afecta de forma tan directa y profunda, además de regresiva, a los derechos de la mujeres”, por lo que ha añadido: “no sabemos ya si a este ministerio se la habrá caído la ley de igualdad”.
Martínez ha criticado la falta de información por parte del Gobierno de Mariano Rajoy; sobre todo, ante el anuncio realizado hoy por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que el Gobierno podría aprobar la ley antes de que acabe el verano. “Sería absurdo que se aprobase este viernes o el próximo y que los representantes de las comunidades autónomas no tuviésemos información de primera mano”. En su opinión, “lo que está claro y ha quedado claro hoy aquí es que a las comunidades autónomas se nos hurta la posibilidad de debatir sobre esta cuestión”.
En este sentido, ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el 16 de diciembre, ya se reclamó información sobre esta reforma, sin que el Gobierno de Rajoy respondiera a la demanda. Y, sin embargo, esa misma semana se presentaba el proyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La única información que hemos podido lograr es que no hay ningún cambio sobre las previsiones iniciales del ministerio pero no sabemos nada más”, ha lamentado.
Por este motivo, el Gobierno del Principado ha exigido la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial de Justicia donde defender las alegaciones presentadas la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuya retirada han exigido los representantes de las cinco comunidades autónomas.
