Durante sus intervenciones, los diputados de PSOE, IU y UPyD han coincidido en defender la necesidad de reforma del sector público, resaltando que el texto limitará el porcentaje de puestos de libre designación y clarificará la diferencia entre la promoción profesional de los empleados públicos y los cargos de actuación política.

   Por contra, la portavoz de Foro, Cristina Coto, criticó la "irregularidad" del proceso y la "disconformidad" mostrada por los agentes sociales al proyecto, afirmando que es necesaria "una nueva regulación de la función pública, pero no cualquier reforma". "No es cierto que no implique gasto", ha añadido, al tiempo que ha rechazado la "abusiva apuesta por la libre designación". "Meterán a sus enchufados a calzador a través de la libre designación para personal directivo, que podrá no ser funcionario", ha remarcado, afirmando que supone "una puerta abierta a la subjetividad y la politización".

   En la misma línea, el diputado del PP Luis Venta alertó de que el texto "perpetúa la discrecionalidad, los sueldos millonarios y el enchufismo", asegurando que "legaliza las irregularidades cometidas durante años para no tener que rendir cuentas ante los tribunales". Así, reiteró las criticas del PP a una administración "mastodóntica" y a un proyecto "en favor de unos pocos privilegiados" impulsado por el PSOE con el apoyo de IU y UPyD frente "al interés de todos los asturianos".

   "Flaco favor hacen a la dignificación de la política", ha replicado la diputada socialista Marina Pineda a los diputados de PP y Foro, lamentando que "tergiversen" la realidad para intentar "engañar" a los ciudadanos. Asimismo, ha resaltado que los directores generales "son políticos" ya que desarrollan las actuaciones del Gobierno y, por tanto, ni en Asturias ni en el resto de España es necesario que sean funcionarios, al tiempo que ha resaltado que se reducirán y acotarán los puestos de libre designación.

   Por su parte, la diputada de IU Noemí Martín ha incidido en que "esta ley reduce la libre designación; busca distinguir el ámbito de la carrera profesional y el ámbito político; y limita los equipos políticos". Asimismo, ha destacado la creciente dificultad para implicar a profesionales en política.

   "Esos setenta directivos habrá que buscarlos hasta debajo de las piedras", ha advertido, reconociendo que no es buen momento para la política y para convencer a empleados públicos de que asuman una tarea "enormemente desprestigiada", en algunos casos incluso perdiendo respecto a su sueldo de funcionario. Por ello, ha defendido el proyecto y ha reclamado la "dignificación" de la actividad política.

   El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha puesto en valor que la nueva ley reducirá los puestos de libre designación en un 63%, en la línea del objetivo político recogido en el acuerdo de legislatura suscrito entre UPyD y PSOE. "No nos parece que sea una reforma desdeñable", ha apuntado, afirmando que se establece con rango de ley el concurso como fórmula de provisión de puestos y se acotan los directivos.