El pasado día  24 de junio  el ex­-alcalde de Cudillero Francisco González, así como la ex-concejala de Comercio e Industria, Verena Prendes, han sido condenados por Sentencia de la Audiencia Provincial, a  pagar más de 50.000  euros así como a su inhabilitación para el ejercicio de cargo público por períodos de 4 y 3 años respectivamente. En base a dicha sentencia, en el caso de que dichos ex-ediles no pudieran afrontar esos pagos, sería responsable civil subsidiario, y obligado por tanto  a abonar dichas indemnizaciones, el Ayuntamiento de Cudillero.

Resulta totalmente inaceptable que un Ayuntamiento que, como consecuencia de la inepta gestión de un grupo de Gobierno municipal, ya acumula una deuda reconocida de más de 6 millones de euros, que, de una manera u otra nos tocará pagar a los vecinos del concejo, ahora además deba sumar a la misma las sanciones que, por una conducta claramente delictiva, han sido impuestas a dichos ex­-cargos municipales.

Sin embargo, ambas personas condenadas, pese a argumentar en el juicio su situación de precariedad económica (incomprensible para todos, incluso para el jurado), parece que aún tienen recursos más que suficientes para llevar a cabo una verdadera campaña de denuncias judiciales contra varias personas del concejo, por el solo hecho de ser conocidos críticos de las actitudes caciquiles y desmanes que en este Ayuntamiento se llevan realizando desde hace muchos años.

Para el enjuiciamiento de dichas denuncias apoyan sistemáticamente la competencia del Juzgado de Paz de Cudillero, cuyo juez de Paz titular fue nombrado por el consistorio gracias a los votos favorables del grupo municipal socialista y configurándose, por tanto, como un cargo de marcado carácter político, a pesar de la pretendida independencia judicial que ampara nuestro sistema democrático.

Las sentencias condenatorias contra varios de estos vecinos discrepantes se han empezado a producir, con la intención de provocar un claro efecto intimidador sobre cualquier conducta crítica. Estas medidas, más propias de épocas y regímenes políticos represivos, nos muestran la verdadera naturaleza de los políticos que han gobernado el concejo desde hace ya más de 20 años.

Desgraciadamente este no es un mal exclusivo de Cudillero. Al contrario, podríamos decir que cada vez es más común, tanto en las administraciones locales como en las autonómicas o nacionales. Ante la más que evidente corrupción de partidos e instituciones, se imponen desde unos y otros gobiernos medidas y leyes, como la recién aprobada Ley Orgánica de Protección Ciudadana, que más bien parece una ley que les proteja a ellos de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas.

Ante todo esto  convocamos a los vecinos y vecinas de Cudillero a una concentración el próximo sábado 19 de julio a las 11 de la mañana, enfrente del Ayuntamiento, con el fin de mostrar nuestra repulsa e indignación ante estos hechos y mostrar asimismo nuestra solidaridad  y apoyo a los vecinos injustamente denunciados.