Madrid (E.P.) .-Los gobiernos autonómicos de Cataluña y Asturias han reprochado al Ejecutivo central que en los últimos años se hayan reducido las cantidades que aporta el Estado a las comunidades autónomas para financiar la prestación de los servicios sociales y la atención a las personas dependientes, y han pedido que se incrementen.

   La consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, y la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz, han trasladado esta reclamación a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

   En declaraciones a los medios al término de la reunión, Munté ha criticado el "recorte" en la financiación estatal en ambos ámbitos. Sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, ha dicho que se ha pasado de 86 millones de euros en 2010 a 27 millones en la actualidad, y que Cataluña en particular ha sufrido una reducción de 13 a 3 millones de euros.

   Durante el encuentro también ha rechazado "las iniciativas legislativas y acciones recentralizadoras que generan un paso atrás en el autogobierno y sobre todo dificultan la atención a las personas", mencionando concretamente la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que "se aleja del principio de proximidad" en la prestación de los servicios sociales por parte de los ayuntamientos.

   La consejera asturiana, por su parte, ha indicado que la reducción en la financiación estatal "ayuda muy poco a mantener la red de servicios sociales municipales", y por eso ha pedido que se vaya incrementando la cifra, "bien a través del aumento del Plan Concertado como partida específica en los presupuestos o bien a través de una mayor financiación para las comunidades por el ámbito competencial".

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

   Por otro lado, Díaz ha reclamado al Estado más dinero para la aplicación de la Ley de Dependencia porque en este momento es "insuficiente". Respecto a la evaluación que ha hecho el Ministerio de la implantación de la ley a nivel nacional, el Principado ha votado en contra porque hace un enfoque "unilateral por parte de la Administración General del Estado" y "no da una visión general en financiación o en normativa ni diferencia la aplicación de la ley por comunidades autónomas".

   Igualmente, ha señalado que en esa evaluación debería estar reflejada la financiación por parte de las comunidades autónomas de la atención a la dependencia, así como lo que aportan las administraciones autonómicas al copago.

FONDO CONTRA LA POBREZA INFANTIL INSUFICIENTE

   En cuanto al fondo de 16 millones de euros para la infancia que el Estado va a distribuir entre las comunidades autónomas atendiendo al índice de pobreza que existe en cada una de ellas, la consejera catalana se ha mostrado contraria al criterio de reparto, que considera "poco eficaz y poco justo", y a la cantidad total asignada.

   Para repartir el dinero "no se tiene en cuenta el conjunto de la población potencialmente afectada por el riesgo de exclusión y de pobreza", lo cual "perjudica a las comunidades más pobladas", como Cataluña, y además "el gesto del Gobierno es muy pequeño desde el punto de vista cuantitativo", ha manifestado.

   Para la consejera asturiana, que también ve insuficiente la dotación económica, sería positivo alcanzar un pacto de Estado contra la pobreza infantil encabezado por el Gobierno, y es lo que ha planteado durante el Consejo Territorial, que haya "una colaboración entre administraciones y entidades del tercer sector" a fin de "eliminar los índices de pobreza infantil tan deplorables" que hay en España.

   "Encontré receptivos al Ministerio y a otras comunidades autónomas", que han mostrado "una sensibilidad especial para trabajar contra la pobreza infantil, por las necesidades de las familias con menores a cargo", en un momento en el que "los recortes en prestaciones y servicios están provocando una mayor desigualdad", pero por ahora "no hay una expresión como acuerdo para un pacto de Estado", ha explicado.