El Gobierno de Canarias ha calificado de insuficiente el fondo anunciado por el Estado para combatir la pobreza en la infancia, el de Cataluña ha criticado el sistema de reparto y el Principado de Asturias ha pedido un pacto de Estado que incluya a la Administración estatal, las comunidades autónomas y las entidades locales.

   Antes de participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, la consejera de Políticas Sociales de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado que el plan, dotado con 16 millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas, es "exiguo", aunque su comunidad haya sido la más beneficiada.

   En este contexto, Rojas ha aprovechado para pedir que se revise ya el sistema de financiación autonómica porque, si se hiciera, a Canarias "no le haría falta un plan contra la pobreza como este".

   En opinión de la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Asturias, Esther Díaz, se debería destinar una cantidad superior porque con 16 millones no se satisfacen las necesidades existentes, y ha indicado que el Principado va a intentar implementar de forma inmediata una cantidad similar. Lo que no ha criticado es el criterio de reparto, que, según ha declarado, satisface al Ejecutivo autonómico.

   Para la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, el criterio de reparto planteado por el Gobierno --según el índice de pobreza de cada comunidad-- no es "equitativo" y "no tiene en cuenta el volumen de población que está en riesgo de pobreza y exclusión social", de manera que "hay un claro perjuicio para aquellos territorios con un volumen más alto de población".

   Díaz ha incidido en que el Ministerio debe hacer la distribución "de la manera más eficiente y rápida posible" y ha dicho que va a pedir que se alcance un "pacto de Estado" contra la pobreza entre los tres niveles de la Administración pública ante "la mella que se está haciendo en las familias a causa de la crisis y los recortes".

   Por último, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha señalado que la normativa nacional de atención a la infancia representa "una oportunidad" y permitirá que "se garanticen los derechos de la infancia" al convertirse los menores en "una prioridad en todas las políticas".

   Respecto a la parte del fondo destinada a Castilla y León, ha señalado que es "significativa y acorde a los escasos niveles de privación material severa" que hay en la comunidad, que ahora "recupera la financiación que perdió en 2010".