El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social, pues la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran en nuestro país se desarrollan sin incidentes. No existen problemas relevantes de seguridad ciudadana. Por ello, se constata con claridad que la nueva ley lo que pretende es impedir determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder político. Y lo hace a costa de restringir las libertades.

Sin duda, nos encontramos en un contexto de conflictividad social, propio de una sociedad democrática. Pero el Gobierno lo que debe hacer es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre su gestión y no castigar la disconformidad a través de las leyes estatales. Sin embargo, el Gobierno está convirtiendo un conflicto social en un conflicto de orden público.

El gobierno solo ha suavizado algunos aspectos del anteproyecto que eran notoriamente inconstitucionales. Sin embargo, se mantienen preceptos que generan dudas de constitucionalidad en el ámbito de las retenciones, identificaciones y cacheos. Y, especialmente, se mantiene todo un listado de sanciones contra diversas formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica y de la libertad de expresión, que son castigados con unas cuantías económicas desorbitadas.

Con esta regulación el Gobierno intenta buscar vías de sanción que no ha encontrado en el poder judicial, que de forma reiterada ha desestimado las pretensiones del poder político de castigar formas de protesta que están amparadas por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Sin embargo, con la nueva ley el Gobierno pretende convertirse en juez y parte, para actuar sobre los derechos fundamentales en las situaciones en las que recibe críticas por parte de la ciudadanía.

Con toda esta regulación no se produce ninguna protección de la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. En conjunto, la reforma que se impulsa resulta contraria a la pluralidad propia de una democracia constitucional y supone un inquietante ataque a nuestro sistema de derechos fundamentales.