Con esta campaña, realizada en el marco del 'Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico español', según informa el Instituto Armado, se pretende evitar el expolio de pecios y detectar la posesión o venta ilegal de bienes arqueológicos subacuáticos. En el operativo han sido realizadas 597 inspecciones.

   Entre los bienes que se pueden extraer del medio subacuático destaca la Benemérita las piezas de cerámica, armas, monedas, objetos cotidianos de la vida a bordo e instrumentos de navegación.

   Para ello, se ha llevado a cabo la segunda fase de la 'Operación Ánfora' desde los días 20 al 30 de junio, que ha contado con más de 1.500 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a las unidades subacuáticas, fiscales y marítimas en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Alicante, Castellón Murcia, Almería, Granada, Málaga, Algeciras, Cádiz, Huelva, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Oviedo, Gijón, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

   De las 597 inspecciones realizadas durante el desarrollo de la operación se han realizado un total de 308 inspecciones de establecimientos y clubes de buceo; 103 inspecciones de pecios y 75 embarcaciones. Las mismas fuentes han destacado que de las 39 infracciones administrativas detectadas, ninguna ha sido relativa a la normativa de protección del Patrimonio Histórico, siendo en su mayoría afectas a la Ley de Marina Mercante.

PEQUEÑA ESCALA

   Una de las vertientes de la operación se ha centrado en evitar el expolio conocido como de "pequeña escala", según explica el Instituto Armado, cuyos casos varían desde los descubrimientos accidentales de pescadores que en su trabajo diario recuperan en sus redes objetos procedentes del fondo marino, normalmente fragmentos cerámicos de ánforas, útiles de navegación (catalejos, sextantes y otros) e incluso anclas o cañones.

   Por otra parte, la Guardia Civil señala que "se intentará controlar a los buceadores aficionados que se quedan para sí los objetos que encuentran" y a aquellos otros buceadores dedicados específicamente a la "búsqueda ilícita" de estos materiales, que "en ocasiones incluso se apoyan en estudios documentales para la localización de pecios o estudio de piezas, para su posterior comercialización".

   "Este tipo de actividades causan daños irreparables en los yacimientos, ya que no son extraídos con metodología arqueológica, descontextualizando los objetos que son extraídos sin ningún tipo de control, y ocasionando la pérdida de información histórica", avisa la Benemérita que, con este tipo de operaciones, trata "de paliar el daño sufrido durante muchos años en el patrimonio arqueológico subacuático de la costa española".