El Gobierno autonómico exigirá el Ministerio de Justicia que aborde los cambios “con el rigor que precisa” en una conferencia sectorial
- La privatización supondrá la reorganización de 96 puestos de trabajo y la eliminación de un servicio esencial para la ciudadanía, presente en todos los municipios asturianos
Asturias.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se ha reunido esta tarde con la Junta de Personal y la Plataforma de Justicia para abordar las “nefastas consecuencias” del decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, según el cual los registradores mercantiles asumirán las funciones del Registro Civil. El Gobierno del Principado rechaza rotundamente esta medida, que sólo persigue “una privatización encubierta de los registros civiles” y que, en el caso de Asturias, supondrá la reorganización de 96 empleados públicos y alejará este servicio de la ciudadanía.
A la reunión han asistido representantes de los siguientes sindicatos: CC OO, UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Unión Sindical Independiente de Trabajadores y Corriente Sindical de Izquierdas. También ha participado el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde.
Tal y como anunció el Ministerio de Justicia, el decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles entrará en vigor finalmente en julio de 2015, un año después de lo previsto, pero implicará igualmente la privatización encubierta de estos servicios que en la actualidad se prestan de manera gratuita.
Guillermo Martínez ha señalado en la reunión que el Gobierno asturiano solicitará al Ministerio de Justicia que convoque la Conferencia Sectorial para abordar la reforma del Registro Civil “con el rigor que precisa” y con una voluntad de consenso de la que carece la medida impulsada por el Ejecutivo central. Y es que, según ha recordado el consejero de Presidencia, el Gobierno central comunicó la iniciativa a las comunidades autónomas durante la reunión de un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Justicia, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la medida, sin dar opción alguna a negociarla.
El consejero también ha advertido de que el cambio supondrá la eliminación de un servicio esencial para la ciudadanía y provocará desigualdad territorial, ya que los registros civiles actualmente presentes en todos los municipios asturianos desaparecerán a favor de una única sede, el Registro Mercantil ubicado en Oviedo.
Mayor coste económico
Además de obligar a la reorganización de la actual plantilla de los registros civiles, que en el Principado está formada por 96 empleados públicos, el decreto-ley traslada a las comunidades autónomas la custodia de los libros de registro civil, lo que significa que el Gobierno del Principado de Asturias deberá asumir el coste de disponer de un archivo central al servicio de los registradores mercantiles.
Según el consejero, la aprobación del Consejo de Ministros aplaza la reforma de la Ley de Registro Civil, ya que el Real Decreto “deriva en buena parte a una futura ley las modificaciones que el mismo incluye”. Asimismo, Martínez ha censurado la técnica legislativa utilizada, a través del Real Decreto Ley, una figura jurídica que, según la Constitución, el Gobierno puede usar “en casos de extraordinaria y urgente necesidad”. Para el titular de Presidencia, no parece muy pertinente incluir una reforma del Registro Civil que anula radicalmente los principios de la Ley de 2011 en un Real Decreto ley que, bajo el título de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, supone la modificación de 26 leyes. En definitiva: “Una reforma del calado que se plantea no puede derivarse a 6 disposiciones adicionales de un Decreto Ley que nada tiene que ver con el ámbito judicial”.
Martínez también ha manifestado su preocupación por las “incertidumbres e inconcreciones” que se derivan de la creación de un nuevo ente, la Corporación de Derecho Público, que financiará la plataforma digital para la tramitación de expedientes y certificados.
La medida, ha añadido el consejero asturiano, tendrá su continuación en la supresión de los Juzgados de Paz. En Asturias, 60 registros civiles están vinculados al juzgado de paz. Es decir, que la privatización de los Registros Civiles es una vía para restar competencias a los juzgados de paz que, a su vez, limitarán sus atribuciones a los juicios de falta y notificaciones en el territorio.
