Madrid.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un estudio que analiza los servicios de inspección técnica de vehículos (ITV) en España. En el documento, la Comisión realiza una serie de recomendaciones a las autoridades competentes, nacionales y autonómicas, para que el sistema de ITV en su conjunto se lleve a cabo conforme al máximo interés público.
La CNMC reconoce el papel que la ITV ha venido desempeñando en la consecución de unos niveles de mantenimiento de los vehículos más adecuados y favorables a la seguridad vial, así como la labor de la administración competente para aumentar el grado de cumplimiento con la ITV. En ese contexto, el informe de la Comisión evalúa bajo la óptica de la competencia las regulaciones que afectan al mercado, la evolución económica del sector y la valoración de las principales barreras de acceso a la actividad y a su ejercicio que pueden perjudicar la competencia efectiva en este sector.
En España el servicio de las ITV se ofrece bajo varios modelos: prestación directa por parte de la administración, sistema de concesiones administrativas de larga duración o modelos de autorización, con entrada y precios libres. En cada Comunidad Autónoma existe un sistema distinto, que se asienta sobre un conjunto de normas nacionales comunes.
El modelo mayoritario sigue los esquemas de concesión, un hecho que restringe notablemente la competencia potencial en cada comunidad autónoma entre las estaciones. El estudio revela los importantes beneficios a los que pueden acceder los usuarios cuando en una Comunidad se pasa de un sistema limitativo a otro no limitativo del número de operadores, como el de autorización.
El estudio analiza cómo la normativa nacional y la autonómica imponen una serie de requisitos adicionales a los propios de un sistema de verificación y aseguramiento de la calidad y seguridad industrial, con las consiguientes restricciones a la competencia. Además, según la CNMC, la comparativa internacional y el análisis de la situación nacional demuestran que esas restricciones no son necesarias ni proporcionales.
En consecuencia, la CNMC realiza las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes, con el fin de alcanzar un mayor grado de competencia:
- Analizar las condiciones particulares existentes en cada mercado y establecer los requisitos que sean necesarios y proporcionales con la finalidad perseguida.
- La normativa nacional debe seguir proporcionando un marco suficientemente flexible y abierto para que las autoridades autonómicas establezcan el régimen que mejor se adapta a sus condiciones particulares.
- La Comisión considera positivo la eliminación de las incompatibilidades accionariales y generalizar la necesidad de acreditación previa. Sin embargo, aboga por seguir eliminado las restricciones que no sean proporcionales, en especial las referidas a las obligaciones de dimensión mínima, básicamente, la obligación de que todas las estaciones tengan un número mínimo de líneas de inspección, y las referidas a la separación de actividades.
- El régimen de concesión administrativa, que limita el número de operadores y de su capacidad de competencia, no es proporcional ni necesario. Según la Comisión, impide a los usuarios acceder a importantes beneficios. Por ello, las autoridades competentes autonómicas deberían pasar a un régimen de autorización, que no limite el número de operadores..
- Asumiendo que el paso a dicho régimen puede encontrar dificultades legales, la Comisión recomienda que en los modelos de concesión se adopten medidas pro-competitivas como: el aumento del número de operadores no seguir prorrogando los plazos de las concesiones; y reducir la intervención sobre los parámetros del ejercicio de la actividad: tarifas, horarios, plantillas, salvo en casos necesarios.
- Todas las administraciones competentes deberían cooperar para aplicar lograr un resultado de las inspecciones más coherente en el territorio nacional, lo que pasa por una evolución del papel de la administración competente para reforzar el sistema de seguridad y calidad industrial, en especial de sus mecanismos de supervisión y sanción.
