En la Proposición de Ley registrada por UPyD se justifica la necesidad de una racionalización y redimensionamiento de las instituciones y organismos públicos sin que eso suponga una merma de la calidad de los servicios. Y en aras de avanzar en esa racionalización la ley presentada establece la supresión del Consejo Económico y Social del Principado, eliminando el coste económico que generaba tanto el mantenimiento de su estructura administrativa propia como su funcionamiento.

   UPyD entiende que la creación en cambio de un Consejo Asesor de Política Económica y Social permitirá ejercer buena parte de las funciones que venía desempeñando el CES de asesoramiento, consulta y diálogo, pero no supondrá una mayor carga económica al erario público, ya que no contará con estructura propia sino que utilizará para su funcionamiento los medios materiales y humanos de la Consejería con competencias en materia económica y laboral a la que estará adscrito.

   A juicio de Prendes el proyecto de ley que ha comenzado a discutirse en la cámara es una "mala ley, muy mejorable desde el punto de vista de técnica jurídica porque así lo han indicado los servicios jurídicos del parlamento, y por eso no vamos a apoyarla".

   UPyD ha presentado diez enmiendas al proyecto del Partido Popular, de las que sólo han sido admitidas dos. "Se nos impide la posibilidad de mejora el proyecto de Ley del PP al rechazar prácticamente la totalidad de nuestras enmiendas, por eso hemos planteado nuestro propio proyecto", añade.