La privatización supondrá la reorganización de 96 puestos de trabajo y la eliminación de un servicio esencial para la ciudadanía, presente en todos los municipios asturianos.

• El Gobierno autonómico exigirá que se renegocie la financiación de la asistencia jurídica gratuita

Asturias.-El Gobierno del Principado ha reiterado hoy su rotundo rechazo a la decisión de que los registradores mercantiles asuman las funciones del Registro Civil que se comunicó a las comunidades autónomas durante la reunión de un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada esta mañana, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la medida, sin dar opción alguna a negociarla. El director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, ha criticado duramente esta modificación al término de la reunión por considerar que el Gobierno de Rajoy “no ha dado opción de diálogo a las comunidades autónomas que desde la conferencia sectorial del pasado mes de diciembre de 2013 no hemos recibido comunicación alguna”. Asimismo ha añadido que “sólo persigue una privatización encubierta de los registros civiles, que, en el caso de Asturias, supondrá la reorganización de 96 empleados públicos y alejará este servicio de la ciudadanía”.

Según el anuncio realizado por el propio Ministerio de Justicia,  el decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles entrará en vigor finalmente en julio de 2015, un año después de lo previsto, pero implicará igualmente la privatización encubierta de estos servicios que en la actualidad se prestan de manera gratuita.

El Ejecutivo autonómico advierte de que el cambio supondrá la eliminación de un servicio esencial para la ciudadanía y provocará desigualdad territorial, ya que los registros civiles actualmente presentes en todos los municipios asturianos desaparecerán a favor de una única sede, el Registro Mercantil ubicado en Oviedo. Además de obligar a la reorganización de la actual plantilla de los registros civiles, que en el Principado está formada por 96 empleados públicos, el decreto-ley aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros traslada a las comunidades autónomas la custodia de los libros de registro civil, lo que significa que el Gobierno del Principado de Asturias deberá asumir el coste de disponer de un archivo central al servicio de los registradores mercantiles.

El grupo de trabajo de la conferencia sectorial celebrada hoy abordó también la financiación de la justicia gratuita, con una propuesta, a juicio del director de Justicia, “insuficiente” ya que el ministerio limita la financiación de este servicio al aplicar, bajo convenio, criterios similares a las comunidades sin competencias transferidas, “es una financiación por tanto a la baja, que no tiene en cuenta la singularidad de las autonomías con competencias transferidas, que provocará desequilibrios temporales al abonar en 2015 los ingresos correspondientes a 2013, y que tampoco tiene en cuenta los impactos de la Ley de Tasas, por lo que exigiremos la renegociación de este sistema de financiación”.

Por todo ello, el consejero de Presidencia convocará una reunión urgente de la Junta de Personal de Justicia para abordar las nefastas consecuencias del decreto-ley aprobado hoy.