Madrid (E.P.).-PSOE y CiU quieren que la 'tasa Google' que recoge la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, se extienda a periodistas y fotógrafos, mientras que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD piden su supresión, según se desprende de las 162 enmiendas parciales que los grupos parlamentarios han presentado en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno, y a las que ha tenido acceso Europa Press.

   Este martes se cerró el plazo para que hicieran sus aportaciones al articulado de la ley en el Congreso y la 'tasa Google', a pesar de las expectativas, no ha sido la que mayor número de enmiendas ha suscitado entre los grupos de la oposición, como sí lo ha sido la compensación por copia privada, de la que prácticamente todos piden cambios.

   Según el texto planteado por el Gobierno, la 'tasa Google' reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias de ser compensados económicamente por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias.

   Así, el Grupo Socialista y CiU han propuesto que los beneficios económicos que la tasa va a proporcionar a los editores se extiendan también a los periodistas que elaboran esas informaciones, así como a los fotógrafos de prensa.

   En cambio, la formación que lidera Rosa Díez en el Congreso, UPyD, reclama que se suprima, al suponer "un disparate" ya que probablemente será tumbada por las instituciones europeas. "Sólo le interesa a los grandes grupos de comunicación escrita para tapar sus agujeros por la disminución de las ventas", ha asegurado Carlos Martínez Gorriarán a Europa Press, portavoz en la materia.

   "Semejante pago podría terminar repercutiendo en plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame, donde se difunden y comparten titulares de prensa con el enlace correspondiente y supondría una alteración de la cultura P2P, que es fundamental en la sociedad del conocimiento", alerta el diputado de la Izquierda Plural, Chesús Yuste.

COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA

   Por otro lado, e independientemente de que pueda resultar "muy popular" para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a 'Google News' o 'Yahoo News', "multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española", Yuste cree que el Gobierno debería centrarse en exigir a las empresas prestadoras de servicios de Internet el pago de la compensación por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, una partida que ronda los cinco millones de euros.

   Mientras, desde el PSOE, el portavoz en la materia, José Andrés Torres Mora, propone que lo pague quien obtiene el beneficio y perjudica. "El PSOE quiere que se mantenga la situación actual y que no se conviertan en ilegales copias que hasta ahora son legales", agrega.

   Desde CiU, Monsterrat Surroca no estaba de acuerdo con que se cargase a los Presupuestos esta compensación y plantea por eso adecuar el texto del Gobierno a la 'sentencia Padawan', que excluye a las personas jurídicas de ese 'canon'.

   UPyD tampoco quiere que ésta se cargue a las cuentas del Estado y plantea que la compensación la pague el usuario y, si no es posible porque no se puede controlar el uso que se hace de la copia privada, cree que podría estudiarse el papel de las compañías de telecomunicaciones, "que se benefician del tráfico de Internet pero son las que menos aportan".

   El portavoz de Cultura del PNV en el Congreso, Joseba Agirretxea, ha abogado por "volver al canon digital" para solventar la compensación por copia privada y que ésta tampoco se cargue a los Presupuestos porque si no la estarían pagando todos los ciudadanos.

   Apuesta por que la compensación sea "satisfecha por quienes pongan, de hecho y de derecho, a disposición de los beneficiarios los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, o les presten un servicio de reproducción".

PIRATERÍA

   Sobre piratería, el PSOE quiere intentar dar mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los titulares de derechos de propiedad intelectual, así como facilitar una mayor seguridad jurídica a ambos, defendiendo el uso legal y la promoción de nuevas formas de negocio en la Red, respetando los derechos de propiedad intelectual.

   UPyD, por su parte, propone el cierre de páginas con contenidos ilegales. Además, plantea que no sea obligatorio la gestión y el cobro de derechos de autor a través de las sociedades de gestión, sino que existan alternativas a las actuales y el propio autor decida qué quiere hacer con sus derechos. "La ley impone a los autores que gestionen sus derechos a través de sociedad de gestión", remarca.

MATERIA COMPETENCIAL

   En materia competencial, CiU, PNV y ERC son los que 'protestan'. Desde CiU y ERC recuerdan que, según el Estatuto de Cataluña, la comunidad autónoma tiene compentecia para crear sus propias entidades de gestión cultural, siempre y cuando la mayor parte de su actividad se centre en Cataluña, una iniciativa que con el redactado del proyecto de ley del Gobierno "sería inviable".

   Agirretxea (PNV) considera que esta ley "no es invasora competencial en todos sus términos" pero sí ha planteado enmiendas en las que pide que específicamente se haga mención que en aquellas comunidades autónomas que tienen competencias en la materia, como Euskadi, que se recuerden esas competencias.

   Sobre la sección Segunda de la 'Comisión Sinde', la mayor parte pide que ésta no esté conformada por miembros de los distintos departamentos ministeriales, sino por expertos independientes y del sector.

TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO

   Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, el Gobierno ha querido acelerar la tramitación de la reforma parcial de esta Ley y, por ello, ha pedido al Congreso de los Diputados que se habilite el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para que pueda aprobarse la normativa a mediados de mes y ser enviada al Senado directamente, para ya zanjarse después del verano.

   La "urgencia" que siempre ha defendido el Ejecutivo con esta reforma "parcial" de la normativa responde a que hay que adaptar a la legislación española a dos directivas comunitarias pendientes.

   Esta "parcial" regulación fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril. En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.