Santander,. – Manuel Jesús Dolz, fiscal del Tribunal Supremo, se ha mostrado partidario de que "todos los aforamientos sean suprimidos". Sin embargo, ha matizado que esta hipotética medida no debería afectar a la inmunidad parlamentaria que impide dirigir causas penales contra los miembros de las Cortes en ejercicio sin la autorización del Parlamento.
El fiscal del Tribunal Supremo, que ha participado en la última jornada del encuentro "El ADN en la investigación policial" organizado por la UIMP con el patrocinio de la Fundación Policía Nacional, ha tachado la figura jurídica del aforamiento de "privilegio procesal que atenta al principio de igualdad en la aplicación de la ley", y lo ha considerado un "desprecio" hacia los tribunales ordinarios. Además, ha criticado que en España exista esta figura jurídica mientras que en otros países "los altos cargos son juzgados por jueces ordinarios como el resto de los ciudadanos".
Dolz también ha hecho referencia a la reciente imputación de la infanta Cristina por el Caso Nóos. Para el fiscal del Supremo, es un tema que está aún "pendiente de recurso", aunque ha señalado que la doctrina por la que no es posible abrir juicio oral si sólo lo pide la acusación popular podría evitar que la Infanta se siente en el banquillo. Por último, el fiscal ha recordado que "algunos de los magistrados que componen el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia, son cargos electivos que deben su promoción profesional a los representantes políticos aforados".
ADN y perfiles genéticos
En su ponencia, Manuel Dolz ha hecho referencia al "momento muy crítico", que atraviesa el ADN como elemento esencial en la investigación policial, como consecuencia de la opinión "de algunos magistrados de la Sala Segunda del Supremo". Unas "interpretaciones" que, a su juicio, han hecho que se dejen de tomar muestras biológicas desde hace tres años por exigirse la presencia de un letrado.
"Las bases de datos policiales han bajado en un 70% en inscripciones de perfiles genéticos", ha concluido, al tiempo que ha advertido contra el perjuicio que esto supondría en la labor policial y en la atención a las víctimas de delitos.
Fotografía: Juan Manuel Serrano
