Santander,. – Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, ha pedido, en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de la Magdalena de Santander, "conectar" el aforamiento de altos cargos y personalidades con el ejercicio del cargo público, de tal forma que en el momento en que no se ejerza ninguna responsabilidad pública esas personas pierdan su condición de aforados. En este sentido, Velasco ha añadido que "el aforamiento no significa inviolabilidad ni irresponsabilidad, sólo es un cambio de tribunal".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, que ha intervenido en el encuentro "El ADN en la investigación policial" organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con el patrocinio de la Fundación Policía Nacional, también ha interpretado como "un síntoma del normal funcionamiento de la Justicia" la imputación de la Infanta Cristina por fraude fiscal y blanqueo de dinero.

De igual modo, la intención ya expresada por parte de la Fiscalía General del Estado, las defensas y la Abogacía del Estado de recurrir el auto de la imputación de la Infanta ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca es para Eloy Velasco otro síntoma de normalidad. "Si hay partes del procedimiento que no entienden que sean razonables los indicios que ha encontrado el juez Castro, lo lógico -y eso forma parte del sistema de funcionamiento democrático- es recurrir", ha señalado el magistrado.
Funcionamiento de la Justicia

El magistrado de la Audiencia Nacional ha criticado que no se inviertan los suficientes recursos públicos en ampliar el número de juzgados y tribunales. "La Justicia es una de las pocas cosas que, junto con la seguridad y el ejército, no se pueden financiar con recursos privados", ha afirmado Velasco quien ha pedido a la clase política que utilice los recursos públicos de una forma más eficiente.

Durante su ponencia, Eloy Velasco, ha lamentado que el Gobierno haya "abandonado" su intención inicial de reformar íntegramente la Ley de Procedimiento Criminal vigente, que data de 1882 cuando ocupaba el entonces Ministerio de Justicia y Gracia Manuel Alonso Martínez. Para el magistrado esta situación ha creado una "ambigüedad jurídica" y una "escasez regulatoria", en muchos aspectos relacionados con la toma de muestras de ADN y su cadena de custodia.

En este sentido, el magistrado ha ironizado que "el legislador permita a los jueces rellenar las lagunas" y, ha recordado, que la Constitución de 1978 se hizo en un momento en que el desarrollo tecnológico era bastante menor que en la actualidad.