El consejero de Presidencia ha presidido hoy la constitución del grupo de trabajo encargado de impulsar la implantación de la nueva oficina judicial

• El Gobierno del Principado pretende consensuar un documento que sirva de guía para los cambios normativos que deben llevarse a cabo

• La reorganización de la Oficia Judicial comenzará en Gijón, que cuenta con un Palacio de Justicia con instalaciones adecuadas  para ello, y responde al modelo diseñado en la Ley para los juzgados y fiscalías

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha presidido hoy la constitución del grupo de trabajo, formado por representantes del Gobierno autonómico, miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y representantes del cuerpo de secretarios judiciales y de las organizaciones sindicales, que se encargará de elaborar el documento base para impulsar la puesta en marcha de una nueva oficina judicial en el Principado.

La creación de las Nuevas Oficinas Judiciales responde a una nueva organización regulada por la Ley Orgánica 19/2003, que modifica la del Poder Judicial de 1985 y reestructura los juzgados y fiscalías. En virtud de esta norma, cada juzgado o tribunal dispondrá de un pequeño grupo de funcionarios, que constituye la unidad procesal de apoyo directo y, por otro lado, para los ubicados en el Palacio de Justicia de Gijón se disponen unos servicios comunes estructurados en secciones bajo la dirección y responsabilidad de secretarios.

Las administraciones autonómicas con competencias transferidas son las encargadas de determinar la dimensión y organización de estas oficinas. Por esta razón, el Gobierno asturiano ha preparado un borrador en el que se recogen los cambios que implicará la implantación de la nueva oficina judicial en este caso en Gijón, para los órganos situados en su Partido Judicial. El grupo de trabajo que ha celebrado hoy su primer encuentro debatirá un texto con el propósito de elaborar un documento consensuado que sirva de guía para los cambios normativos que deben llevarse a cabo.

El documento definitivo se remitirá al Consejo General del Poder Judicial para que emita el preceptivo informe y, paralelamente, se enviará también al Ministerio de Justicia, encargado de dar luz verde a la relación de puestos de trabajo de secretarios. Por su parte, el Principado elaborará y  aprobará la relación de puestos de trabajo del personal sobre el que tiene competencia. Todos estos pasos previos son necesarios para la puesta en marcha de la nueva oficina, que también exige la aprobación de un decreto de implantación por parte del Gobierno autonómico.

La nueva oficina judicial se ubicará en el Palacio de Justicia de Gijón. Actualmente, la ciudad cuenta con 28 órganos judiciales (Secciones 7ª y 8ª de la Audiencia Provincial, 11 juzgados de 1ª Instancia, 5 juzgados de Instrucción, un juzgado de lo Mercantil, un juzgado de Violencia sobre la Mujer, 4 juzgados de lo Social, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo y 3 juzgados de Penal).

Cada uno de ellos dispondrá de una unidad procesal de apoyo directo y el resto del personal se organizará en tres servicios comunes: Servicio Común General, Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento y Servicio Común Procesal de Ejecución. Un director estará al frente de cada uno de estos servicios, que se dividirán a su vez en tres secciones encabezadas por secretarios. Las labores se distribuirán del siguiente modo:

• Servicio Común General: formado por las secciones de reparto, comunicación y auxilio, y otros servicios. Contará con once funcionarios de gestión, 20 de tramitación y 47 de auxilio judicial.

• Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento: incluye las secciones de civil-mercantil, instrucción penal y contencioso social. Dispondrá de 17 funcionarios de gestión, 23 de tramitación y 5 de auxilio judicial.

• Servicio Común Procesal de Ejecución: formado por las secciones de civil-mercantil, penal y contencioso social. Contará con 29 funcionarios de gestión, 47 de tramitación y 4 de auxilio judicial.

La puesta en marcha de la nueva oficina judicial tendrá un coste aproximado de 60.000 euros para financiar las retribuciones de los puestos de la estructura del órgano, concretamente los complementos de las direcciones de cada uno de los servicios comunes y de las secciones en las que se dividen. En todo caso, el despliegue de la oficina no implicará el incremento de la plantilla de los juzgados y tribunales.

Estos nuevos órganos pretenden adaptar la estructura judicial tradicional a las necesidades actuales para avanzar hacia un servicio más moderno.