El PSOE denuncia el "ataque contra los trabajadores" que encierra la reforma fiscal del Gobierno, y que les obligará a pagar a Hacienda por su indemnización de despido
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, se ha referido a la reforma fiscal aprobada por el Gobierno, y ha calificado de “verdadero ataque contra los derechos de los trabajadores de nuestro país” el hecho de que, “por primera vez en la historia de nuestra democracia”, estos “vayan a tener que pagar a Hacienda por la indemnización de despido que reciban”.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEF, Soraya Rodríguez, recordó que esta medida de “extrema gravedad”, la hace el mismo Gobierno que ya impuso una reforma laboral según la cual el despido es más rápido, fácil, barato y sin derechos; y que, ahora, -añadió- “da una vuelta de tuerca más y hace pagar a los trabajadores por esa indemnización más barata que ahora reciben”.
Aseguró además que los socialistas están “seriamente preocupados” por lo que han ido conociendo de la letra pequeña de una reforma fiscal que “nada se corresponde con los anuncios electoralistas y mentirosos realizados por el Gobierno” en su presentación.
Abstención del PSOE en el debate de las enmiendas de aforamiento
Rodríguez anunció también que su Grupo Parlamentario se va abstener el próximo jueves en la votación de las enmiendas presentadas por el PP sobre el aforamiento del Rey Juan Carlos.
Explicó que el PSOE “no comparte la forma utilizada por el Gobierno” para abordar este asunto y señaló que “el procedimiento adecuado” sería “la presentación de un proyecto de ley orgánica”, que “tenga la tramitación sosegada y el debate necesario que requiere un tema tan importante como este”.
Rodríguez ha señalado que estas enmiendas del PP “incumplen el principio de homogeneidad, que debe mantenerse entre las enmiendas y el texto enmendado, y sobre el que ya se pronunció el Tribunal Constitucional”.
Además, la rapidez en su tramitación “impide y obstaculiza de forma clara el debate parlamentario que debe de producirse en el Congreso” y su posibilidad de ser enmendado.
En cualquier caso, los socialistas consideran “apropiado estudiar la posibilidad de dar un tratamiento procesal” al anterior Rey como el que ya se aplica a otros miembros de instituciones del Estado. Un aforamiento que implicaría el conocimiento de las causas penales que le afecten ante el Tribunal Supremo, así como de las causas civiles que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones o vayan unidas a una acción penal.