“Le recomendamos al Gobierno que muestro el mismo ánimo de intromisión en relación a los grupos de desarrollo rural Valle del Ese Entrecabos y Navia Porcía, que acumulan varias sentencias por la mala gestión de fondos públicos cuya cuantía global supera los 600 000 €”

• “Son intolerables los intentos de coaccionar y coartar las decisiones del Consejo Regulador de la IGP, que es conforme al reglamento el órgano competente en materia de personal”

Oviedo.- El diputado y portavoz de Agroganadería de FORO en la Junta General del Principado, Juan Ramón Campo, ha manifestado que “la consejera de Agroganadería y recursos autóctonos está valiéndose de su directora general de desarrollo rural y agroalimentación para intentar politizar de nuevo la IGP ternera asturiana” con motivo de la carta remitida recientemente por la Directora General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, al Presidente del Consejo Regulador de la Ternera Asturiana, de fecha 17 de junio de 2014 con la indicación de que diese traslado de la misma a todos los miembros del organismo.

“En la Carta, bajo el logotipo de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Gobierno del Principado de Asturias, escrita en su nombre y representación, tal como la misma indica, y la firma de la propia Directora General, se menciona la Sentencia número 335/2014, en la que se declara improcedente el despido del Gerente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, ofreciendo al posibilidad de la readmisión del mismo a su puesto, o bien de indemnizarlo con la cuantía de 84 398,77 €, calificando el procedimiento de toma de decisiones como inadecuado, y con consecuencias económicas a corto plazo, y para la imagen de la marca”, añade.

            Campo afirma que “el tono amenazante de la carta advierte obviedades como el hecho de que el funcionamiento del Consejo Regulador, ha de ajustarse a derecho, algo a lo que la propia Consejería, no está muy habituada bajo la dirección socialista”, y también advierte “de la imposibilidad de utilizar fondos públicos para sufragar la indemnización del Gerente, avocando así como única opción, a la readmisión del mismo”. “La citada Directora ha remitido una carta al Consejo Regulador de la IGP en tono amenazante, para intentar coartar sus decisiones y politizar de nuevo el organismo”, añade.

El diputado también destaca que “en el último párrafo advierte de las consecuencias de haber podido incurrir en infracción de lo dispuesto en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que se aplica a todos los consejos reguladores, concretamente en una infracción muy grave, recogida en el artículo 40.4 precisamente de esa ley, por una supuesta intromisión en la actividad de los Consejos reguladores o por el hecho perturbar su independencia o inamovilidad de los controladores”.

            “Advierte así mismo, la Sra Directora General de lo dispuesto en el artículo 41.4 de la precitada ley, que utiliza para tratar de responsabilizar personalmente a los miembros del Consejo Regulador por la adopción de acuerdos como el despido del gerente, algo sorprendente y descabellado”, añade.

Campo sostiene que de “la lectura veraz de estos artículos resulta únicamente punible la intromisión de la propia Directora General en las funciones del Consejo Regulador de la IGP, que es quien ostenta las competencias en materia de personal, conforme al artículo 38.2 del Reglamento de la IGP y del Consejo Regulador, concretamente para Seleccionar y contratar, suspender o renovar al personal”.

Así las cosas, Campo afirma que la única intromisión evidente y punible, es la de la propia Directora General, y sostiene que “son intolerables los intentos de coaccionar y coartar las decisiones del Consejo Regulador de la IGP, que es conforme al reglamento el órgano competente en materia de personal”.

El diputado concluye lamentando que “desde la Consejería, no se muestre más diligencia a la hora de controlar otros ejemplos mucho más claros e indubitados de fondos mal utilizados y que han sido objeto de varias sentencias, por parte de determinados Grupos de Desarrollo Rural, a cuyos miembros no se responsabiliza en modo alguno de las decisiones adoptadas”.

“Le recomendamos al Gobierno que muestro el mismo ánimo de intromisión en relación a los grupos de desarrollo rural Valle del Ese Entrecabos y Navia Porcía, que acumulan varias sentencias por la mala gestión de fondos públicos cuya cuantía global supera los 600 000 €”, concluyó.