El director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Hernández Pascual, ha manifestado que el cierre que pretenden llevar a cabo los farmacéuticos mañana jueves no está autorizado, ya que “incumple la reglamentación y puede ser considerada una falta grave”.

Hernández ha recordado que “la oficina de farmacia es un establecimiento sanitario privado de interés público”, tal y como reza el artículo 84 de la Ley 29/2006 de 26 de julio, una legislación, ha continuado, que “promueve el interés público mediante una reglamentación orientada a garantizar el derecho de la población a la asistencia farmacéutica continuada”.

Asimismo, ha añadido que la normativa dice que “la actividad de carácter mercantil de la oficina de farmacia está sujeta a la reglamentación general de cualquier empresa privada así como a la libre disposición de su titular en cuanto a la organización de los medios económicos para su funcionamiento”.

En este mismo ámbito, ha recordado que “el reglamento farmacéutico atribuye a la interrupción unilateral del servicio farmacéutico por parte de la oficina de farmacia la consideración de infracción grave”, según el artículo 86 de la Ley 5/2005 de 27 de junio.

Además, según ha continuado, “la legislación sanitaria aplicable a las oficinas de farmacia preserva el derecho a la asistencia farmacéutica continuada y no contempla el cierre del establecimiento por motivos económicos”.

Que mantengan el servicio

Por esta razón, el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha espera que los farmacéuticos “se comporten lealmente con los ciudadanos y con las organizaciones que representan, manteniendo un servicio que deben proporcionar en todo momento a los ciudadanos”.

Hernández ha insistido en que “los farmacéuticos, además, son empresarios”, por lo que, como tales les pide que, “piensen que hay otros colectivos que se ven afectados por la grave situación económica heredada del Gobierno socialista y están dando ejemplo de solidaridad y colaboración con Castilla-La Mancha”. Asimismo, como profesionales sanitarios, les ha insistido en que “se acojan a la legislación vigente y no perjudiquen a los ciudadanos”.

El director general ha explicado que la crisis temporal de liquidez por la que atraviesa Castilla-La Mancha es “consecuencia de las decisiones financieras adoptadas en ejercicios anteriores, así como en el primer cuatrimestre del año, lo que está requiriendo por parte de las oficinas de farmacia un mayor recurso al capital circulante”.

En este sentido, Hernández ha indicado que “el pago de la recetas oficiales de medicamentos prescritas por los facultativos del SESCAM está plenamente garantizado por la Junta; así como la normalización de los pagos está supeditada a la necesaria programación financiera de carácter excepcional que ha sido necesario emprender a fin de garantizar el normal desenvolvimiento económico de la Administración regional”, ha avanzado