Guillermo Martínez asegura, durante la inauguración del Congreso deJueces para la Democracia, que el Gobierno autonómico comparte las preocupaciones de los magistrados ante los cambios legislativos introducidos por el Ejecutivo central

• Las reformas ahondan en las desigualdades territoriales y el modelo de tasas afecta a los derechos constitucionales de la ciudadanía con menos recursos económicos, subraya el portavoz del Gobierno asturiano

• El Principado ha invertido 36 millones de euros en instalaciones judiciales y ha abierto trece unidades judiciales desde que asumió las competencias de justicia, en 2006

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha expresado hoy, durante la inauguración del 29º Congreso de Jueces para la Democracia, que se celebra en Oviedo, su preocupación por las reformas legislativas en materia de justicia que está acometiendo el Gobierno que preside Mariano Rajoy. En concreto, ha criticado la Ley de Tasas y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, a juicio del Gobierno autonómico, “condiciona lesivamente la libertad de expresión de las asociaciones judiciales y de los jueces”. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo asturiano comparte las preocupaciones que han manifestado al respecto las asociaciones de magistrados, entre ellas Jueces por la Democracia.  

Según Guillermo Martínez, la batería de cambios legislativos introducidos por el Gobierno central “causa una gran incertidumbre en nuestro modelo de justicia”. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha manifestado su inquietud ante la merma en el ejercicio de los derechos constitucionales para la ciudadanía con menos ingresos, debido al modelo de tasas; los desequilibrios en el ejercicio de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva; la pérdida de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y el vuelco organizativo en la centralización de la justicia en las capitales de provincia.

“A ello se suma nuestra preocupación por el impacto en la desigualdad territorial, porque con la desaparición de los juzgados de paz y la eliminación de la competencia en materia de registros civiles, los perjudicados serán los ciudadanos, especialmente en una comunidad como Asturias, con una estructura demográfica tan compleja como su orografía”, ha añadido.

El consejero ha recordado que la justicia es un servicio público “esencial” y ha subrayado que desde que asumió las competencias, en 2006, el Gobierno del Principado ha invertido más de 36 millones de euros en nuevas infraestructuras, entre ellas el Palacio de Justicia de Gijón, el Instituto de Medicina Legal de Asturias o el edificio judicial de Villaviciosa, y en mejoras de las ya existentes.

Desde entonces se han puesto en marcha trece nuevas unidades judiciales, que han implicado un aumento del 14,94% de la planta judicial, un 10% más de la plantilla transferida por el Ministerio de Justicia.

En la actualidad, el Gobierno del Principado está impulsando, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, en la puesta en marcha de la nueva oficina fiscal.

Independencia frente al poder

Guillermo Martínez, por otra parte, ha elogiado la labor que desarrolla Jueces para la Democracia: “Me consta que la Asociación, con más de tres décadas de vida, ha tenido un papel muy importante en su defensa por la democratización de la carrera judicial, reivindicando la crítica interna y externa y luchando por un perfil de juez comprometido con la realidad del entorno, que aboga por una decidida independencia frente al poder y por la apertura a la sociedad en nombre de quien imparte justicia”.

Este es el segundo congreso que celebra Jueces para la Democracia en Asturias. El primero se desarrolló en Gijón en el año 2000.