Pide al fiscal general que intervenga y exige explicaciones a Gallardón y el expediente completo del indulto

Madrid (E.P.) .-El PSOE ha puesto en marcha una ofensiva en el Congreso cuyo objetivo final no es otro que conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy revoque de forma "inmediata" el "insultante" e "indignante" indulto concedido a una guardia civil que grabó una agresión sexual y se mofó de ello.

   En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Soraya Rodríguez, ha subrayado que la decisión del Ejecutivo supone un "insulto" no sólo para las mujeres de España, sino también para el cuerpo de la Guardia Civil.

   Es por ello por lo que el PSOE quiere que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explique en la Cámara Baja la política de indultos que lleva a cabo el Gobierno y, en particular, la medida de gracia de la que se ha beneficiado el guardia civil Manuel Arbesú González, condenado por un delito de omisión del deber de perseguir un delito de abuso sexual.

   Con arreglo a esta decisión, se sustituye la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público a la que había sido condenado por seis meses de multa, que se satisfará en cuotas diarias de tres euros.

TAMBIÉN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

   El primer partido de la oposición, a través de sus portavoces de Justicia y de Interior, Julio Villarrubia y Antonio Trevín, ha solicitado, además, al Gobierno el expediente completo del indulto concedido a ese agente.

   En esta misma línea, ha registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a "dejar sin efecto" dicho indulto y a informar a la Cámara de las circunstancias que han concurrido en este caso para otorgarlo.

   En esa iniciativa, el PSOE censura que la política del Gobierno haya puesto en cuestión "una vez más" la figura del indulto que, apunta, constituye "un nuevo baldón" contra la pervivencia de la misma al ser utilizada "de forma arbitraria y en defensa presumiblemente de intereses partidistas". Recuerdan, en este punto, que el guardia civil es hijo un cargo público del PP, en concreto, hijo de un concejal de un ayuntamiento asturiano.

   "El mensaje que manda el Gobierno con este indulto debilita claramente los valores que la Constitución y la Ley les obliga a defender y cumplir, al tiempo que es un mensaje de impunidad para otros posibles transgresores, y todo ello con la única y exclusiva finalidad de dar respuesta a las demandas de un cargo público, correligionario de los miembros del Gobierno del PP", argumenta.

NO HAY RAZONES DE EQUIDAD O JUSTICIA

   Parecidos argumentos son los que la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, esgrime en la que carta que ha enviado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a quien animan a llevar cabo las actuaciones necesarias para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos legalmente previstos para conceder el citado indulto.

   El indulto, dice la misiva, "sólo es democráticamente asumible" cuando en su concesión concurran, "de forma probada", razones de justicia y equidad, "sin que sea bastante su mera invocación retórica". "La decisión del Gobierno supone una agresión más contra la dignidad y los derechos de las mujeres y no pueden existir razones de justicia o equidad que la justifiquen", apostilla Rodríguez.

El Supremo vio prueba de cargo "suficiente" para condenar al guardia civil indultado que se mofó de un abuso sexual

El Tribunal Supremo ratificó que existió prueba de cargo "adecuada y suficiente" para condenar al guardia civil que se mofó de un abuso sexual y que fue indultado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo.

   Así lo expuso el alto tribunal en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que no dio la razón al guardia civil y sí confirmó la resolución de la Audiencia Provincial de Asturias que le consideraba culpable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

   La Sala de lo Penal avaló que el agente del Instituto Armado fuera condenado a una pena de inhabilitación de seis meses para el ejercicio de su profesión y que indemnizara, junto con el agresor, con 1.000 euros en concepto de daños morales a la víctima.

   El guardia civil, Manuel Arbesú, alegó una vulneración en su derecho a la presunción de inocencia en la valoración de las pruebas. Sin embargo, el Supremo recordó que la cámara del vagón donde se produjeron los hechos grabó cómo el recurrente "permaneció sentado mirando --al agresor y la víctima--, riéndose todo el tiempo".

   Los magistrados aludieron a la declaración de la víctima y del viajero que presenció la escena y llamó la atención a los acusados, mientras que concluyó que el tribunal sentenciador valoró "racionalmente las pruebas" para afirmar que el recurrente "era agente de la autoridad y faltó a su obligación de no perseguir el delito".

   "No se ha producido la lesión del derecho a la presunción de inocencia", concluyó en el auto de inadmisión, del que fue ponente el magistrado Francisco Monterde.

LA CÁMARA DEL TREN GRABÓ LA ESCENA

   La Sección octava de la Audienica Provincial de Asturias declaró probado que en la mañana del 11 de junio de 2011 el indultado viajaba con en el tren con destino a Oviedo y se sentó con su amigo junto a la víctima.

   Su amigo comenzó a dirigir frases soeces y malsonantes a la chica, a la que tocó la entrepierna por encima del pantalón. La mujer intentó evitarlo, abandonando el lugar, mientras que otro viajero intervino para poner fin al comportamiento del agresor, que le golpeó.

   Durante los hechos, el guardia civil estuvo "riéndose permanentemente", sin intervenir en ningún momento, llegando incluso a grabar en su teléfono móvil las palabras que su acompañante dirigía a la víctima y a huir en dos ocasiones de los agentes de autoridad comisionados para investigar el suceso.

   El Gobierno le conmutó la pena de inhabilitación por seis meses de multa, a satisfacer en cuotas diarias de tres euros con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto.

   El Ministerio de Justicia tuvo en cuenta, en la concesión del indulto los informes favorables de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, así como la opinión de la víctima, que declaró por escrito que no se oponía a la medida de gracia. Desconocía que fuera hijo del concejal del PP en Lena (Asturias) José Manuel Arbesú Santamaría, según fuentes ministeriales.

La Ley del Indulto cumple 144 años en medio de la polémica por el del guardia civil que se rió de un abuso sexual

 La Ley del Indulto cumplirá este miércoles 144 años sin haber sido sometida apenas a cambios y en medio de la polémica abierta por la reciente concesión de la medida de gracia a un guardia civil que se mofó del abuso sexual cometido por un amigo suyo a una desconocida.

   La Ley que establece las reglas para el ejercicio de la Gracia del indulto data del 18 de junio de 1870 y fue aprobada bajo el breve reinado de Amadeo I de Saboya por el entonces ministro de Justicia Eugenio Montero. Se trata de una breve norma con una treintena de artículos que fue parcialmente modificada en 1988 durante la presidencia de Felipe González.

   Tras la sonada prerrogativa otorgada a un conductor 'kamikaze' que fue condenado a 13 años de cárcel por matar a un joven de 25 años, los indultos han vuelto a la actualidad tras conocerse que el Consejo de Ministros del pasado 30 de junio conmutó la pena de inhabilitación por una de multa a un guardia civil que se burló de un abuso sexual, lo grabó con su teléfono móvil y no hizo nada por impedirlo.

   No son pocos los grupos de la oposición que han solicitado actualizar este texto legal durante la presente legislatura, a los que se han unido la voz de asociaciones de juristas, como Jueces para la Democracia o el Sindicato de Secretarios Judiciales, denunciando la concesión a personas vinculadas con el PP.

EL SUPREMO CUESTIONA LA LEY

   El propio Tribunal Supremo reconoció que la prerrogativa de indulto supone una "intromisión" del poder ejecutivo en los resultados de unproceso penal, seguido con todas las garantías y en el cual se ha impuesto la pena prevista en la ley. En este sentido, defendió que se trata de una medida "excepcional", según expuso en la sentencia en la que anulaba los efectos administrativos del concedido al banquero Alfredo Sáenz.

   El PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, Compromís-Equo o BNG han reclamado durante esta legislatura al Gobierno abrir un debate sobre esta ley del siglo XIX para dotar de mayor "transparencia" a la figura del indulto.

   Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha impedido sacar adelante estas propuestas legislativas al defender que la norma actual no es "opaca, arbitraria o injusta" y se debe huir de iniciativas "oportunistas o de casos concretos en favor del interés general".

   El Gobierno de Mariano Rajoy no se plantea reformar la Ley de Indulto, dado que sólo concede en torno a un 7 por ciento de las peticiones que le solicitan, las mismas que se han registrado en los últimos años.

   La Constitución española encomienda al Rey el ejercicio del derecho de gracia, aunque le prohíbe autorizar indultos generales ni aplicarlo para perdonar la responsabilidad criminal en la que incurran los miembros del Gobierno. Además, prohíbe a los ciudadanos pedir la modificación de esta materia a través de la iniciativa legislativa popular, amparada con un mínimo de 500.000 firmas acreditadas.