Oviedo (E.P.) .-El Tribunal de Cuentas ha detectado que hay "sobredimensionamiento" de profesores en las universidades públicas y que, además, en algunas universidades hay profesores a tiempo completo que ocupan, además del puesto de trabajo en éstas, cargos de dirección en otras entidades de carácter público, por lo que incumplirían la Ley de Incompatibilidades.

   Así se desprende de las conclusiones del 'Informe Global del sector público autonómico', correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, que la entidad fiscalizadora ha ejecutado y ha tenido acceso Europa Press.

   Pese a la disminución de la demanda, el Tribunal indica que se produce un aumento de la oferta de titulaciones en las universidades, de forma que "crece de forma sostenida" el personal, al mismo tiempo que observa, "de forma generalizada", una "relevante" disminución de la media de alumnos por profesor equivalente y de la media de créditos impartidos por estos, "lo que refleja sobredimensionamiento" de dicho profesorado.

   En los últimos años, recoge también, es "relevante" la "persistencia" de todas las universidades públicas en el "continuo y creciente" desarrollo de sus respectivas ofertas de enseñanza, lo que conduce a "universidades idénticas" pero de distinto tamaño, que unido a la "acusada" especialización del personal docente aún hace "más preciso y necesario" un detallado análisis de la incorporación de nuevas titulaciones.

PLANTILLA Y COSTES

    En cuanto a la plantilla y costes de los centros universitarios, el órgano fiscalizador comprueba que el coste de personal en el que incurren sobrepasa el coste autorizado por las respectivas comunidades autónomas, en sus leyes de presupuestos.

   Teniendo en cuenta que el 75% del gasto corriente se destina al gasto de personal, la universidad ha requerido obtener crecientes recursos financieros proporcionados básicamente por el contribuyente a través de la administración financiadora, agrega.

   La entidad fiscalizadora concluye a su vez que algunas universidades públicas no aprueban los presupuestos antes del inicio del ejercicio, por lo que deben comenzar la gestión con los presupuestos del año anterior prorrogados.

   Por otro lado, recalca que existen diferencias entre los modelos organizativos, contables y de gestión de las universidades que hacen que la información presentada por las distintas universidades no sea "totalmente homogénea".

   En concreto, avisa de que en los ejercicios fiscalizados no se ha dispuesto de datos de las diez universidades andaluzas, que en ejercicios anteriores presentaban "importantes" incrementos relativos de los créditos iniciales.

   Asimismo, el Tribunal de Cuentas resalta que el gasto comprometido en 2010 fue de 8.210 millones de euros para las 39 universidades públicas de las que se dispone información en 2010, con un grado de ejecución del 77,3%. En cuanto a 2011 el compromiso de gasto descendió a los 7.882 millones de euros con un grado de ejecución equivalente.

   Igualmente, el trabajo refleja que el resultado económico patrimonial del total agregado por comunidades autónomas es positivo en 2010 y negativo en 2011. En 2010 se ha producido desahorro en la Universidad Autónoma de Cantabria, en la de Galicia, Islas Baleares, Madrid y Príncipado de Asturias; en 2011, las universidades de Aragón, Canarias, Navarra, La Rioja y Madrid.

   Con todo, los ingresos ordinarios han sido inferiores a los gastos de funcionamiento en todas las comunidades y, entre los grupos de universidades que tienen unos gastos de funcionamiento conjuntos "más elevados", en ambos ejercicios, destacan las universidades de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana (zonas donde más centros de estas características se concentran).

   El informe del Tribunal de Cuentas también constata que las universidades públicas han ido "paulatinamente" creando entes instrumentales para la gestión y el desarrollo de su actividad investigadora, con carácter principal, lo que resulta "contrario" a las medidas para la racionalización del gasto público y de reordenación del sector público que han adoptado determinadas administraciones autonómicas.