Toledo (E.P.) .-Los consejeros con competencias en Sanidad de los gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias han rechazado que "el Gobierno pida ahora el respaldo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para darle forma sanitaria a la nueva ley del aborto que nunca se ha abordado desde ese punto de vista".

   En una rueda de prensa celebrada en un hotel de Toledo una hora antes del comienzo de la reunión, los tres consejeros han criticado la "lealtad institucional" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato al incluir en el orden del día del CISNS un informe sobre la nueva ley del aborto.

   En concreto, la titular de Sanidad del Gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio, ha manifestado que la propuesta de la nueva ley "vulnera la capacidad de decisión de las mujeres y es un riesgo para su salud, además de que abre la puerta a que los profesionales sanitarios vuelvan a padecer inseguridad jurídica de la que ya fueron víctimas en el pasado".

   Por su parte, su homólogo en el Gobierno de Asturias, Faustino Blanco, ha asegurado que el posicionamiento en el CISNS de estas tres comunidades autónomas, "además de País Vasco y Cataluña", es ir en contra de esta reforma, ya que es "un proyecto de ley muy lesivo y la actual normativa no tiene ningún problema de posicionamiento".

   Del mismo modo, la consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza, ha subrayado que el rechazo del Ejecutivo canario a esta medida "ha sido claro desde el primer momento", ya que a su juicio la decisión de abortar "debe ser tomada por la mujer afectada junto a los profesionales", además de que la nueva norma "puede llevar a muchas mujeres a una clandestinidad para abortar como se daba hace 30 años, algo que ya estaba superado".

"LA REFORMA VUELVE A COGER VELOCIDAD"

   Los tres consejeros han coincidido en asegurar que una vez pasadas las elecciones al Parlamento Europeo el Gobierno de España ha hecho que el proceso para hacer efectiva la reforma de la ley del aborto "haya vuelto a coger velocidad".

   En esta línea se ha pronunciado María José Sánchez, quien ha asegurado que "no se sabe" cuáles son los motivos por los que el Ministerio de Sanidad ha solicitado el respaldo del CISNS este mismo miércoles después de que "el trámite legislativo quedara congelado" en el último proceso electoral "y ahora esté nuevamente" cogiendo impulso.

   Sánchez ha recalcado que el Ministerio "está pidiendo su criterio a distintos organismos" durante los últimos días y está retomando el proceso "con nocturnidad veraniega", por lo que considera que este debate "se ha impuesto con calzador" en la reunión de este jueves.

   "Piden el respaldo a una reforma que pretenden sacar adelante respondiendo a una demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores", ha criticado, al tiempo que ha señalado que este cambio legislativo "no responde a una demanda social ni sanitaria".

"POSICIONES DIVIDIDAS"

   Por su parte, el consejero asturiano ha puesto el acento en que "en los últimos diez días" ya se ha pronunciado el Consejo Fiscal y el Consejo Nacional de Bioética, en ambos casos "con posiciones divididas", y esta misma semana "se tiene que pronunciar el CISNS y el Consejo General del Poder Judicial".

   "En dos semanas, cuatro órganos tendrán que haberse pronunciado. Da la sensación de que corre mucha celeridad que esta ley pase a los trámites de aprobación", ha dicho Blanco, incidiendo en que "ha sido después de las elecciones cuando estas entidades tienen que pronunciarse, y siempre con discrepancias en sus senos".

   La titular de Sanidad de Canarias, de otro lado, ha lamentado que el Gobierno de España "quiera sacar adelante este proyecto de ley sea como sea", y ha criticado que el Ministerio "mandara la comunicación de solicitud de informe al CISNS a menos de 48 horas de la comisión preparatoria, siendo un asunto de tanto calado y repercusión social".

"LA ACTUAL LEY ES GARANTISTA"

   Los consejeros de Asturias, Andalucía y Canarias han puesto de manifiesto que la normativa vigente en cuanto al aborto "ya es una ley garantista que apuesta por los derechos y libertades de las mujeres".

   En esta línea, María José Sánchez ha indicado que modificar la ley "es un ataque a la libertad de la mujer y no reducirá el número de abortos", ya que las mujeres que quieran abortar "recurrirán a métodos clandestinos que pondrán en riesgo su salud".

   Ha subrayado, además, que la actual ley "ha frenado el número de interrupciones del embarazo", ya que esta cifra, según ha dicho, "se ha reducido un 5,4%" en el último año "gracias al trabajo en la prevención de embarazos no deseados".

   Así, ha puesto el acento en que a nivel mundial, "en aquellos países donde existen restricciones, no solo no se evitan los abortos si no que los que se realizan se hacen más inseguros".

   "A nivel mundial se realizan 42 millones de abortos inducidos, y la mitad de ellos se hacen en situaciones de inseguridad", ha detallado Sánchez, que ha asegurado que con este anteproyecto de ley "se deberían dejar de producir el 91% de los abortos que se realizan actualmente en España".

"SIN PROBLEMAS" CON LA ACTUAL LEY

   Para el consejero de Asturias, por su parte, la actual ley "no tiene ningún problema de funcionamiento y muchas corporaciones profesionales han dicho que es muy completa".

   Por ello, ha lamentado que la reforma "afectará a la equidad y pondrá en riesgo la salud de las mujeres, además de que provocará inseguridad a los profesionales". "Esperemos que entren en razón en el Ministerio y no nos meta por la puerta de atrás una ley que no es de salud, sino que quiere legitimar otras cosas", ha apuntado.