Madrid/Oviedo (E.P.).-  Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias están en contra de que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra el miércoles se analice el impacto sanitario de la nueva ley del aborto y, de hecho, según fuentes consultadas por Europa Press, las cuatro pidieron al Ministerio de Sanidad que no lo incluyera en el orden del día.

   La reunión, que se celebrará este miércoles por la tarde en Toledo y estará presidida por la ministra del ramo Ana Mato, tiene un total de 39 puntos y el último de ellos es el debate y aprobación de un informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva ley del aborto elaborada por el Ministerio de Justicia.

   El informe se ha elaborado precisamente a petición del departamento de Alberto Ruiz Gallardón, después de que el pasado mes de diciembre se aprobara en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

   Fuentes autonómicas consultadas por Europa Press reconocen que el departamento de Mato introdujo dicho punto fuera de tiempo y forma, a menos de 48 horas de la Comisión Delegada del CISNS que tuvo lugar el pasado viernes para preparar el encuentro de este miércoles, lo que propició que las cuatro comunidades pidieran aplazarlo para otra reunión.

   Cada gobierno autonómico alegó sus razones para no analizar el informe y los argumentos se centraban en que se trata de una reforma de trascendencia para la salud de las mujeres y que no mejora la salud sino que incluso puede empeorarla.

   Además, criticaron que la inclusión 'in extremis' del punto es una muestra más del secretismo que lleva el Gobierno con la tramitación de la reforma. No obstante, tras ser discutido con los representantes del Ministerio y el resto de comunidades, el citado informe irá finalmente a la reunión del miércoles.

   El tema también ha sido también criticado por la secretaria general de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que salga este punto del orden del día y cree que ahora el Gobierno está reactivando la ley tras haber sido "escondida durante la campaña electoral" europea.

   El anteproyecto está actualmente en trámite de audiencia y recientemente recibió el visto bueno del Comité de Bioética, que no obstante pidió que se reforzara la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que no quieran intervenir en un aborto y que puedan negarse en cualquier momento del proceso.