“El secretismo con el que se ha tratado siempre la regulación solo puede ser entendido por el rechazo unánime que genera”, sostiene Sanidad

Asturias.-La Consejería de Sanidad del Gobierno de Asturias ha exigido que el debate sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada sea retirado de la Comisión Delegada que se celebrará este viernes día 6 en Madrid, como paso previo a la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del próximo 11 de junio.

Asturias critica que este miércoles, a menos de 48 horas de la celebración de dicha reunión técnica, en la que estaba previsto abordar un total de 36 puntos, el Ministerio ha incluido un asunto adicional, el número 37, sobre el impacto de dicha Ley en la normativa sanitaria. Un modo de proceder que, a juicio del consejero, Faustino Blanco, “denota el secretismo con el que se ha preparado una regulación que genera un rechazo unánime entre las, organizaciones defensoras de los derechos civiles, las sociedades de salud pública nacionales e internacionales, y la mayoría de los colectivos de mujeres”.

Faustino Blanco ha reivindicado que, dada la entidad del asunto a tratar y su trascendencia para los derechos de las mujeres, éste sea aplazado y tratado una vez conocidos el resto de informes preceptivos para la tramitación de la ley.

El Gobierno de Asturias ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo al proyecto de ley contra el aborto aprobada en diciembre por el Consejo de Ministros al entender que representa un retroceso de casi tres décadas y que aleja a España de la Europa de los derechos civiles, al impedir que las mujeres decidan sobre su maternidad.

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo,  en consonancia con el resto de leyes europeas, garantiza la igualdad en el acceso a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos y de interrupción de embarazo. En paralelo a la misma, Asturias ha apostado siempre por desarrollar una política educativa afectivo-sexual y ha apostado por la puesta en marcha de programas que inciden en la prevención de embarazos no deseados. 

Blanco ha incidido en que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de los casos y ha advertido de que las interrupciones realizadas sin las adecuadas condiciones sanitarias que se pueden derivar de dicha norma suponen un alto riesgo para la salud de la madre.