La Coordinadora Ecoloxista ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Consejeria de Fomento un vertedero de materiales de construcción (RCD: residuos de construcción y demolición), donde también hay residuos peligrosos como uralítas, vertedero que parece proceder de obras municipales como la depuradora de la que esta cerca, en una orilla del polígono de los Llerones de Belmonte de Miranda.
Los RCD están regulados conforme a lo dispuesto en el Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción. El vertedero está en una zona arbolada con riesgo de incendio forestal, así que el vertido denunciado infringe lo dispuesto en el Decreto 3769/1972, por el que se aprueba el Reglamento de Incendios Forestales y lo dispuesto en la Ley de Residuos.
Hay que recordar que la gestión de los residuos es una competencia municipal, por lo que resulta evidente que el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, que además parece ser el responsable de tales vertidos, no ha procedido al control del referido vertido procediendo a la obligada retirada de los residuos y derivación de los mismos a un gestor autorizado, decretando la clausura con la correspondiente señalización tras la limpieza de lugar, lo que podría dar lugar a responsabilidades penales por omisión del deber de evitar el delito de incendio forestal al ser una zona boscosa la colindante.
Por la presencia de amiantos tanto en los restos de tuberías como de techumbres en los vertidos, parece que no se ha cumplido la actual normativa sobre prevención de riesgo y protección de la salud de los trabajadores, la cual exige una serie de medidas específicas en los trabajos de desmantelamiento de cualquier elemento que contenga amianto, que son de obligado cumplimiento para la manipulación de este tipo de residuos peligrosos. Estas medidas se recogen en el Real Decreto 396/2006, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
De los numerosos vertederos clandestinos que hay en Asturias, muchos de ellos presentan un evidente riesgo de incendio, y a lo que debe dar lugar esta situación es a la inmediata adopción de las oportunas medidas por las autoridades competentes antes de que se produzcan. De ahí que sean importantes las políticas de prevención, erradicando estos vertederos. Este vertedero infringe el Decreto 3769/1972 por el que se aprueba el Reglamento de Incendios Forestales, así como la Ley de Residuos y su Reglamento.
Hay que recordar que los vertederos son en sí mismos generadores de evidentes riesgos y focos de peligro, y por ello, legalmente se imponen unas determinadas garantías y prevenciones que no observan quienes buscan cualquier lugar para depositar allí basuras sin adoptar la menor precaución tendente a evitar la contaminación, los incendios y la afección medioambiental, lo que da lugar a la comisión de este delito por imprudencia grave.
Hay que recordar que la gestión de los residuos es una competencia municipal, por lo que resulta evidente que el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda no ha procedido al control del referido vertido procediendo a la obligada retirada de los residuos y derivación de los mismos a un gestor autorizado, decretando la clausura con la correspondiente señalización tras la limpieza de lugar, lo que podría dar lugar a responsabilidades penales por omisión del deber de evitar el delito de incendio forestal
Es por lo que hemos solicitado a las autoridades competentes:
- Se compruebe si los trabajadores que hayan manipulado los productos con amianto como son las uralitas hayan tomado las medidas que se recogen en el Real Decreto 396/2006, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Se proceda a la retirada de los residuos por parte del Ayuntamiento, y se lleven estos a un gestor autorizado.
- Se sancione adecuadamente a los responsables si es que se les puede identificar, para que no siga contaminando el concejo con sus peligrosos vertidos e investigue los hechos denunciados y en el caso de encontrar las personas responsables, sean procesadas de acuerdo a la ley.