Oviedo.-El ex alcalde de Cudillero y ex diputado del PSOE, Francisco González Mendez, ha defendido este lunes el "acuerdo" alcanzado con varios hosteleros del consejo, sin ordenanza municipal, para el pago de un refuerzo nocturno de seguridad prestado por agentes de la Policía Local en las inmediaciones de los chiringuitos instalados en la zona portuaria durante los meses de verano, entre 2003 y 2008.

   En su comparecencia en el juicio por un presunto delito continuado de exacciones ilegales, que comenzó esta mañana pasadas las 11.30 horas, el ex alcalde incidió en que "nadie" le advirtió de irregularidades en el procedimiento por el que los responsables de los chiringuitos pagaban por dicho servicio "directamente" a la Tesorería del Ayuntamiento y, luego, se repartían esas cantidades entre los agentes y los auxiliares de policía en función de las horas o noches realizadas.

   Igualmente, aseguró que no hubo quejas del sistema, afirmando que conoció el detalle del mismo cuando se le notificó una querella por varios presuntos delitos en 2011. "Estábamos como una piña todos", destacó, atribuyendo la querella a intereses políticos.

   En respuesta a la Fiscalía, comentó que los chiringuitos se instalaban todos los veranos en suelo portuario desde que en 1993 se consiguió una concesión del Principado para ese uso puntual, que se iba renovando. Fue en 2003, según relató el ex alcalde, cuando se planteó la necesidad de servicio de seguridad ante la ley de 2002 de Espectáculos Públicas y Actividades Recreativas.

   González argumentó que fue el coste y las dificultades que les planteaba a los hosteleros la contratación de una empresa de seguridad privada, lo que hizo que se plantease la posibilidad de que fuera la Policía Local la que lo hiciera tras acordarse un precio público que, dijo, no se vio necesario llevar al Pleno.

   El ex alcalde reconoció que el Ayuntamiento sí puso en marcha tasas para determinados servicios a lo largo de su mandato, como las referidas a recogida de basuras o instalación de 'mercadillos'. No obstante, incidió en que el servicio de seguridad para los chiringuitos de verano era "puntual" y afectaba a unos pocos hosteleros, por lo que no se planteó regularlo por ordenanza municipal.

   Durante los turnos de preguntas de las acusaciones particulares, González apuntó que aunque no hubiese ordenanza sí había "precio público acordado"; que fueron aprobadas por el Pleno las liquidaciones presupuestarias que incluían esas cuantías pagadas a la Tesorería; y que el Tribunal de Cuentas "no hizo reparos" a las cuentas municipales.

   Asimismo, matizó que en 2008 se pasaron los pagos a las nóminas de los agentes en concepto de 'gratificación' a propuesta de la Intervención, que cambió de titular en 2007, después de que el puesto fuese ocupado por un interventor accidental desde 2003.

   El juicio, en el que el ex alcalde fue varias veces advertido por la jueza para que se limitase a responder a las preguntas de las partes y no utilizase documentación que no está incorporada a la causa, contará con la declaración de 41 testigos además de los dos acusados, el ex alcalde Francisco González Mendez y la ex concejala María Verena Prendes.

   A lo largo de seis sesiones sucesivas, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo llevará a cabo la causa contra ambos por sendos delitos de exacciones ilegales hasta el 9 de junio, día en el que se espera que se produzca la deliberación del jurado y posterior lectura pública del objeto de veredicto.

PRESUNTO DELITO Y PENAS SOLICITADAS

   Los hechos que se les imputan se refieren a un presunto delito continuado de exacciones ilegales relacionado con el supuesto cobro de ciertas cantidades a los responsables de los chiringuitos de la villa pixueta.

   La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de multa de 14.400 euros (24 meses a razón de 20 euros al día) y cuatro años de suspensión para empleo o cargo público para un ex alcalde de Cudillero por un delito continuado de exacciones ilegales.

   El Ministerio Público acusa del mismo delito a la ex concejala de Comercio e Industria del Ayuntamiento de Cudillero, para quien se solicita una pena de multa de 3.600 euros (quince meses a razón de 8 euros al día), así como la suspensión para empleo o cargo público por plazo de 4 años.