Guatemalan Congress Shamefully Denies Genocide

Guatemalan Congress Shamefully Denies Genocide

Washington, D.C.) Kerry Kennedy and Santiago A. Canton, on behalf of the Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (Robert F. Kennedy Center), strongly condemn the denial of genocide expressed in Guatemalan Congressional Resolution 3-2014. The resolution ignores the unequivocal conclusion by the United Nations (UN) Historical Clarification Commission that genocide was committed against the indigenous population during Guatemala's decades-long internal armed conflict. The UN and multiple other institutions have found that violent acts including massacres, scorched earth operations, forced disappearances, and executions were perpetrated with the intent to destroy the indigenous population.

 

"The Guatemalan Congress' denial of genocide is an outrageous attempt to rewrite the past and impede accountability for atrocities," said Kerry Kennedy, President of the Robert F. Kennedy Center. "The historical record clearly demonstrates that hundreds of thousands of men, women, and children were targeted because of their ethnicity by state agents and paramilitaries. Denying this genocidal reality only deepens the divisions in Guatemalan society, while further marginalizing the indigenous community and promoting a culture of impunity."

 

The Congressional genocide denial follows several recent events that indicate deterioration in the rule of law in Guatemala. Last year, the historic conviction of dictator Efraín Ríos Montt for genocide and crimes against humanity was vacated on dubious procedural grounds, reinvigorating the efforts of powerful sectors allied with the military to prevent further genocide trials. As a consequence, the Attorney General who led the Ríos Montt prosecution, Claudia Paz y Paz, was arbitrarily removed from her post. Moreover, the Judge who presided over the Ríos Montt genocide trial, Yassmin Barrios, was suspended by the Guatemalan Bar Association in a ruling widely held to be illegitimate and in violation of the principle against double jeopardy.

 

"The outrageous declaration that genocide did not occur in Guatemala cannot be accepted by the international community," said Santiago A. Canton, Director of Robert F. Kennedy Partners for Human Rights. "Moreover, the Congressional resolution threatens the separation of powers by urging the Guatemalan judiciary to accept the false premise that genocide prosecutions are incompatible with peace. The government must reject this resolution and comply with its binding obligations under international human rights law to investigate, prosecute, and punish perpetrators of the grave crime of genocide."

 

 

ESP

 

Washington, D.C.) Kerry Kennedy y Santiago A. Canton, en representación del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro Robert F. Kennedy), condenan la negación de la existencia de genocidio aprobada en la Resolución 3-2014 del Congreso de Guatemala. La resolución ignora la inequívoca conclusión a la que llegó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas en el sentido de que en el curso del conflicto armado interno que duró varias décadas, se cometió genocidio contra las poblaciones indígenas. Tanto las Naciones Unidas como muchas otras instituciones llegaron a la conclusión de que entre los actos de violencia perpetrados en contra de la población indígena, se deben incluir masacres, la aplicación de operaciones de "tierra quemada", desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello con la intención de destruir a dicha población indígena. 

El Congreso guatemalteco niega vergonzosamente la existencia de genocidio

 

 

"La negación de la existencia de genocidio por parte del Congreso guatemalteco es un grave intento de reescribir la historia e impedir que haya justicia por las atrocidades cometidas", señaló Kerry Kennedy, Presidente del Centro Robert F. Kennedy. "La Historia muestra con claridad que cientos de miles de hombres, mujeres y niños fueron blanco de agentes estatales y paramilitares en razón de su etnicidad. La negación de esta realidad genocida sólo profundiza las divisiones en el seno de la sociedad guatemalteca y margina aún más a las comunidades indígenas, además de promover una cultura de impunidad".

 

La negación de la existencia de genocidio por parte del Congreso guatemalteco se suma a varios acontecimientos recientes, todos los cuales indican el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala. El año pasado, la histórica condena del dictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad fue anulada por razones de procedimiento sumamente dudosas, lo que revitalizó los esfuerzos de poderosos sectores aliados de los militares para evitar la celebración de juicios adicionales por genocidio. Como consecuencia de estos esfuerzos, Claudia Paz y Paz, la Fiscal General que impulsó el juicio a Ríos Montt, fue arbitrariamente destituida. Además, la Juez que presidió el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt, Yassmin Barrios, fue suspendida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

 

"La declaración de que no hubo genocidio en Guatemala no puede ni debe ser aceptada por la comunidad internacional", sostuvo Santiago A. Canton, Director del Programa de Derechos Humanos del Centro Robert F. Kennedy. "Además, la resolución del Congreso guatemalteco amenaza la separación de poderes, al instar al poder judicial guatemalteco que acepte la falsa premisa de que los juicios por genocidio son incompatibles con la paz.El gobierno debe rechazar esta resolución y cumplir con sus obligaciones vinculantes conforme a las leyes internacionales de derechos humanos, de investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores del delito de genocidio."

 

 


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