E.Press.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la denuncia del Grupo Municipal Socialista de Oviedo por un supuesto fraude de subvenciones por la venta de la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego, según el Auto al que ha tenido acceso Europa Press.

   En el escrito el juez afirma que los hechos objeto de la presente causa "no son constitutivos de delito". Esta decisión puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación.

   El juez estima que no existen indicios de delito al no cumplirse los presupuestos típicos que el delito del artículo 308 del Código Penal dispone, "por cuanto la subvención se produjo entre el Ministerio y el Ayuntamiento, no entre el Ayuntamiento y la posterior fase de adjudicación de parcelas, en la que lo que existió fue una oferta pública de venta en función de un precio fijado por el Ente Local y un criterio de adjudicación en función de la mejor oferta empresaria para el desarrollo de la zona y fomento de empleo".

   Ya en noviembre de 2013, el abogado Ricardo Álvarez-Buylla, letrado de la defensa del empresario, Fernando Ángel Brun, acusado de fraude de subvenciones por vender la parcela A-19 del polígono industrial de Olloniego, negó la existencia de un delito penal contra su defendido, "debido a que siempre se cumplieron formal y materialmente los requisitos exigidos para la concesión de la subvención".

   Por su parte, los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo Carreño y Feliz Fernández, criticaron en su momento a Álvarez-Buylla y le recordaron "que es obligación de cualquier ciudadano o representante público denunciar posibles delitos contra la hacienda pública".

   Los socialistas defendían que las empresas a las que se adjudicaron las parcelas no cumplieron como condición indispensable con la puesta en marcha de un proyecto para crear empleo y que fuera solvente, y recriminan al Ayuntamiento que no actuase contra este supuesto incumplimiento.