El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos del PP, Foro de Asturias, y UPN, la petición de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG de devolver al Gobierno el proyecto de Ley de Parques Nacionales.

   Esta petición de retirar el texto de la tramitación parlamentaria parte de las enmiendas de totalidad que presentadas por los grupos de la oposición antes mencionados y que, aunque de forma insuficiente, sí han respaldado el PNV, Coalición Canaria, ERC y Compromís Equo. UPyD se ha abstenido.

   Se trata de una ley que, según ha defendido la nueva ministra del ramo, Isabel García Tejerina, reforzará la coordinación del Estado y de las comunidades autónomas, encargadas de su gestión, para garantizar la correcta conservación de estos espacios.

   El Consejo de Ministros aprobó en enero la remisión a las Cortes del citado proyecto de ley para iniciar su tramitación parlamentaria. Con el rechazo de las enmiendas de totalidad esta normativa continúa su tramitación con la presentación de las enmiendas parciales.

   Esta norma parte con la oposición de las organizaciones ecologistas, que han advertido del peligro que puede suponer incluir en la Ley "nuevas excepciones" que conlleven una rebaja en la protección de estos enclaves, en beneficio de actividades económicas o la autorización de "otras actividades prohibidas".

UNA GESTIÓN COMÚN DE LOS PARQUES

   En concreto, esta ley reforma la socialista de 2007 que no permitía cumplir "suficientemente bien" con el objetivo de conservación, según ha asegurado García Tejerina. "Carece de sentido que los Parques Nacionales se den la espalda los unos a los otros dependiendo del territorio en el que radiquen", ha precisado.

   Al mismo tiempo, ha avisado de que el régimen actual tampoco garantiza una adecuada coordinación en el caso de parques que son gestionados por varias comunidades, como el de Picos de Europa o el de la Sierra de Guadarrama.

   A partir de ahora, a las comunidades autónomas les corresponderá la gestión ordinaria de los parques, y al Estado la creación de nuevos parques, así como la labor de coordinación de todo el conjunto.

   "Respeta el criterio de nuestro Tribunal Constitucional", ha asegurado la titular de Medio Ambiente, a pesar de las advertencias de los grupos de la oposición. A su vez, ha indicado que el proyecto de ley ha tenido en cuenta las observaciones del dictamen del Consejo de Estado que "ha sido favorable" a la norma.

INTERVENCIÓN ESTATAL DIRECTA

   Como novedad, esta ley permite la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios, como por ejemplo en caso de incendios forestales de gran magnitud.

   Se prohíbe con esta ley la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras, la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa, y la tala con fines comerciales. "No autoriza ninguna actividad que no se estuviese realizando con anterioridad dentro de los parques", ha apostillado.

   Incorpora también la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados sobre áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, y se aumenta la superficie mínima requerida para declarar un nuevo parque en territorio peninsular de las 15.000 a las 20.000 hectáreas.

   Mantiene el sistema de ayudas técnicas, económicas y financieras a los municipios de sus zonas de influencia, e introduce como novedad la puesta en marcha de programas piloto que activen la economía sostenible en estas zonas y prevean la creación de "empleo verde".

   En la actualidad existen 15 Parques Nacionales en España, que ocupan una superficie de 381.716,49 hectáreas y acogen una "gran riqueza de fauna y vegetación", así como las especies más emblemáticas del país. La última incorporación, en junio del año pasado, fue la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

UN RETROCESO EN LA PROTECCIÓN

   Todos los grupos de la oposición han coincidido en que esta ley supone "un retroceso" en la protección ambiental, una "degradación" de la figura de protección, incluso pone en riesgo su homologación internacional, al mismo tiempo que invade competencias autonómicas.

   El portavoz del PSOE en materia de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, ha criticado que la norma pretende convertir a estos parques en temáticos, a la vez que considera que está basada en los principios de 'la escopeta nacional'.

   Además, ha citado al informe del Consejo de Estado, "muy crítico" con el proyecto, y que alerta de que pueden existir problemas de constitucionalidad con esta ley, porque en la regulación de determinados órganos y en la atribución de sus funciones existen "dudas importantes" de si respetan la distribución de las competencias, un punto en el que también coincide la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

NO RESPETA LAS COMPETENCIAS AUTÓNOMICAS

   Desde CiU, Martí Barberà ha criticado que la propuesta de ley del Gobierno supone una invasión competencial, y rompe el consenso alcanzado en la ley de 2007, así como una "innecesaria centralización", ya que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos.

   Por parte de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, cree que este proyecto de ley, es "innecesario" desde el punto de vista de la eficacia y "contraproducente" desde el medioambiental. Ha recordado que nace con la oposición de los grupos ecologistas, a la vez que ha advertido de que posibilita la realización de actividades económicas o comerciales relacionadas con el uso público o el turismo rural.

   Olaia Fernández, del BNG, ha denunciado que la norma no avanza en la protección de los espacios ecológicos, no contribuye a mejorar la implicación en la gestión de los espacios de las personas y colectivos de su entorno "más próximo" y no contempla medidas para estimular la economía de las zonas de su influencia.

   "¿Se imaginan que se pudiera alquilar el Palacio Real para bodas bautizos y comuniones? ¿Y que la Giralda fuera gestionada por una empresa de puenting? (...) El PP se está cargando el patrimonio natural y el proyecto de ley supone la primera fase de privatización de estos parques abriendo la puerta a convertirlos en urbanizables o en zonas de recreo. El último regalito ambienticida de Miguel Arias Cañete", ha lamentado la diputada de ERC, Teresa Jordà.

   En opinión de Joan Baldoví, de Compromís-Equo, la reforma es "innecesaria e ineficaz" desde el punto de vista de protección, además de estar hecha con una urgencia que dice que no se justifica.

   Toni Cantó, de UPyD, ha indicado que va a abstenerse en la votación de este jueves porque considera que este proyecto es "insuficiente". A su juicio, el PP debería ser "más valiente" a la hora de adoptar una competencia que "debería ser nacional", entre otros puntos porque los parques nacionales "no entienden de fronteras".