por Nanqui Soto/Greenpeace.-Hoy desayunamos con la noticia, confusa, sobre una “rectificación” del anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de tal forma que el nuevo texto habría suavizado algunos aspectos muy criticados por instituciones y sociedad civil.

Que este anteproyecto había entrado en vía muerta era evidente, hasta el punto que representantes del Partido Popular daban por hecho una profunda reforma del texto.

La conocida como “Ley Mordaza” o “Ley Antiprotesta” había recibido serias críticas por su dudosa constitucionalidad, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal. Por no hablar de los pronunciamientos en contra, prácticamente unánimes, de asociaciones de jueces, fiscales, abogados, periodistas, sindicatos policiales, organizaciones civiles, etc.

Con la escasa información disponible, nos tememos que la reforma del anteproyecto no vaya a cambiar mucho la percepción de que se está legislando para criminalizar la disidencia. El Ministro de Interior se ha limitado a cambiar algunos aspectos, pero el paquete de reformas legales (Ley de Tasas, reforma del Código Penal, anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada) sigue la senda de dificultar el acceso libre y gratuito a la justicia, limitar la tutela judicial, despenalizar las faltas para castigarlas por la vía administrativa y generar inseguridad jurídica a ciudadanos y fuerzas de orden público, entre otras muchas cosas.

Como recordaba recientemente en este mismo blog el Catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno, esta reforma es innecesaria pues ya hay una Ley que protege la seguridad ciudadana y no existen circunstancias nuevas que aconsejen su reforma. El propio Director General de la Policía admitió que las concentraciones violentas no superaron el 0,1 % de las celebradas en 2013.

El anteproyecto se caracteriza por una enorme inseguridad jurídica: muchos de los hechos susceptibles de ser sancionados carecen de una descripción clara que permita saber qué conductas serán castigadas, lo que crea un terreno sembrado para la arbitrariedad de los miembros de las fuerzas de seguridad y la Administración. El Anteproyecto prevé sanciones administrativas que pueden ser más graves que las previstas en el Código Penal, lo que va en contra del principio de que las normas penales deben ser la reacción última y más intensa contra las infracciones al ordenamiento.

Desde Greenpeace vamos a seguir diciendo NO a la criminalización de la protesta pacífica, sea en el viejo o el “nuevo” anteproyecto.