El exportavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Ángel González, actualmente suspendido de militancia, e integrante del grupo mixto tras la sentencia que le condenó a siete años de inhabilitación por prevaricación, recurrirá el acuerdo parlamentario que este jueves previsiblemente le retirará su condición de diputado autonómico.

   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el todavía diputado, un día antes de que se someta a votación en la cámara el dictamen favorable a la retirada de su condición parlamentaria. El documento fue aprobado el lunes en la Comisión de Reglamento con los votos de PSOE, IU y UPyD, y la abstención Foro y PP.

   González ha mantenido su postura: la sentencia que lo condena a inhabilitación es "injusta", y mantiene su intención de luchar "contra la injusticia y contra la falsedad hasta el final". "Lo que vale en el resto de España tiene que valer en Asturias, y en el resto de España este tipo de contratos son de obras", ha señalado, en relación al caso de la colocación de monolitos para señalizar fosas comunes por el que se le ha condenado.

   No obstante, sus representantes legales irán más allá al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra su propia destitución, por entender que no debería hacerse efectiva hasta que hubiese una sentencia en firme, y "no una sentencia en primera instancia". Según el diputado, se le está aplicando una ley electoral "inconstitucional" que fue elaborada "para ir contra delitos de terrorismo y rebeliones militares". "Es mi obligación llevar esto hasta el final, por lo que  necesito recurrir", ha señalado.

   Esta alegación al Constitucional no tiene relación con el recurso que ya ha presentado ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también sigue su cauce. Paralelamente, el diputado tiene otros dos recursos presentados en este caso ante la Comisión de Garantías de Izquierda Unida contra su suspensión de militancia por negarse a entregar su acta de diputado.

VUELTA AL COLEGIO

   González ha dado por hecho que este jueves dejará de ser diputado de la Junta General, una vez que el dictamen se someta a una votación en la que él no podrá participar. Tras su previsible aprobación, tendrá que abandonar su escaño, motivo por el cual ya ha anunciado que el viernes formalizará su solicitud de reingreso como docente en la enseñanza primaria. Mantiene su plaza de maestro en el colegio El Lloréu, de Gijón.

   Antes de la votación, dispondrá de tres minutos para intervenir. Así lo decidieron el pasado lunes en la Junta de Portavoces Partido Popular, Foro Asturias y UPyD, ante la postura reacia de PSOE e Izquierda Unida. Ha recordado, en este sentido, que el propio reglamento de la cámara prevé que los diputados amenazados por proceso de sanción puedan ser escuchados. Ha confirmado que hará uso de esta última palabra pero que no será un ataque contra nadie.

   Por último, ha querido desmentir que lo que le ha movido a no entregar su acta de diputado y alargar el proceso haya sido "el apego al sillón", haciendo referencia a múltiples críticas que se han vertido en su contra, tras conocerse la sentencia. "Tengo un puesto de trabajo en el que echo muchas menos horas que aquí, y por tanto, el que dice eso lo dice por ignorancia o por mala fe", ha concluido.