OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) - La Sala de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno del Principado contra el reparto de las cuotas de caballa (xarda), impuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, el recurso ha sido promovido por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos por considerar "injusta y lesiva" para los pescadores asturianos la decisión del ministerio sobre las cuotas de pesca de caballa y jurel (chicharro) para la flota de cerco y otras artes en el caladero nacional Cantábrico y noroeste, recogidas en una orden publicada el día 18 de marzo.

Asturias alega que en la flota del cerco, Asturias recibió sólo un 3% en el reparto de cupos de Caballa, lo que suponía pescar 411 toneladas como máximo, cuando Cantabria recibió el 24,03% (3.292 toneladas) o Guipúzcoa el 38,89% (5.328 toneladas).

En otras artes, se le asignó a Asturias un 15,24% de la cuota, lo que suponía 2.251 toneladas, mientras Cantabria tenía el 25,25%, Galicia un 20% y el País Vasco un 39,53%. Todo ello, a pesar de que la cuota total de España para 2014 era de 40.473 toneladas (aumentó en 23.300 toneladas, lo que supuso un incremento del 136%).

De esta forma, la flota asturiana "perdería unos 5.000 kilos por buque con el reparto porcentual establecido por el ministerio, pues pasaría de poder capturar unos 20.000 kilos por buque en 2013 a  tan sólo unos 15.000 en 2014 (y en lo sucesivo), una disminución del 25% por embarcación".

A juicio del Gobierno asturiano, la distribución resulta "arbitraria y discriminatoria". El recurso judicial se basa en el método de cálculo elegido por la Administración central, a partir de los datos correspondientes al período 2002-2011, cuando muchos barcos asturianos no estaban en la actividad.

El Ejecutivo del Principado entiende que hubiese sido más justo realizar el cálculo a partir de los datos de los últimos cinco años, incluidos 2012 y 2013, cuando la totalidad de la flota del Cantábrico y noroeste ejerció su actividad con las mismas reglas y controles.

También se considera que la distribución del cupo es discriminatoria porque beneficia a aquella parte de flota que durante el periodo escogido realizó una sobrepesca que ahora se ve premiada, en perjuicio de gran parte de la flota asturiana que se incorporó a la pesquería a partir de 2011, cuando ya existía un estricto y férreo control sobre la extracción de la especie. "La flota asturiana se incorporó legítimamente a esta actividad, no sólo por su posible rentabilidad, sino también por la falta de alternativa de otras pesquerías", señalan desde el Principado.