La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de obligar al Gobierno central a ejecutar la sentencia de los convenios de 2011 de los fondos estatales para la reactivación de las comarcas mineras por la que el Principado reclama 213 millones de euros. Los tribunales ratifican de este modo la posición del Ejecutivo regional, que había solicitado la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 que reconocía las demandas del Principado sobre los fondos mineros, y rechazan el recurso que interpuso contra este fallo judicial el Gobierno central que preside Mariano Rajoy.
Los consejeros de Presidencia y Economía y Empleo, Guillermo Martínez y Graciano Torre, respectivamente, han ofrecido hoy una rueda de prensa para hacer una primera valoración del fallo, que aún están analizando a fondo los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, y reiterar su más firme rechazo a la actitud que ha mantenido a lo largo de este proceso el Ejecutivo central, al posicionarse siempre en contra de los intereses de los asturianos.
“Es una noticia que avala la argumentación esgrimida tanto por los servicios jurídicos del Principado como por el despacho de abogados (de Luciano Parejo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid) que se contrató a tal efecto, pero que políticamente también avala la tesis del Gobierno de Asturias y pone de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de Rajoy con las cuencas y con los asturianos”, ha declarado el portavoz del Ejecutivo autonómico.
Imposibilidad económica sobrevenida
El litigio entre la administración regional y la autonómica se remonta al comienzo de esta legislatura. El 14 de junio de 2012, dos semanas después de tomar posesión, el Gobierno que preside Javier Fernández interpuso un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 para exigir 213.056.914 euros por las obras acogidas a los fondos mineros, correspondientes a convenios cuya vigencia finalizó en 2011 y en anteriores ejercicios. Este primer recurso fue resuelto por el juzgado en noviembre de 2013, de acuerdo con los planteamientos realizados por el Ejecutivo asturiano, al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias “no responde a una imposibilidad económica sobrevenida”. La sentencia también establecía que el Ejecutivo central debía atender los planteamientos del Principado, para acreditar el grado de ejecución de los proyectos de los fondos mineros.
En una sentencia que avala ese mismo criterio, los magistrados de la Audiencia Nacional recuerdan ahora que la Administración del Estado, a la que imponen las costas del proceso judicial, “ni ha cumplido sus obligaciones de pago fijadas en los convenios ni ha realizado esas actuaciones de evaluación, de forma contradictoria, del correcto cumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación por parte de la beneficiaria, limitándose a ponerlas de manifiesto en un informe emitido con ocasión de la reclamación que ha dado lugar al presente recurso, pero sin iniciar los expedientes correspondientes.
Guillermo Martínez y Graciano Torre han recordado que, ante el reiterado rechazo del Ejecutivo central a cumplir con sus obligaciones con Asturias y dada la importancia que tienen los fondos mineros en la mejora de la actividad económica regional, el Gobierno asturiano ya planteó un segundo recurso ante el Juzgado de lo Central de lo Contencioso Administrativo para exigir convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio de 2012 y cuyas cantidades se elevan por encima de 56 millones de euros. El Principado también ha efectuado una reclamación previa de las ayudas sin abonar correspondientes a 2013.
Por su parte, el titular de Economía y Empleo se ha referido al borrador del Real Decreto que establece las
normas reguladoras de las ayudas contempladas en el Plan del Carbón correspondientes al año 2014, documento que la Consejería de Economía y Empleo recibió el pasado lunes. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 51,9 millones de euros para las sietes comunidades autónomas con actividad hullera. El citado borrador introduce un elemento nuevo en relación a las actuaciones subvencionables, al contemplar la posibilidad de financiar infraestructuras incluidas en los planes mineros anteriores con convenios de actuación firmados, algo que el Principado rechaza.
En este sentido, Torre ha anunciado que el Principado presentará una alegación. “A tenor del fallo de esta mañana, volvemos a comprobar que los tribunales están avalando que estas actuaciones se paguen con cargo a otros presupuestos. Por lo tanto, no se debe detraer dinero de estos 51,9 millones de euros destinados en el presupuesto de este año a ayudas a la reindustrialización de las comarcas mineras para pagar estas actuaciones, lo que conduciría inexorablemente a que no hubiese ninguna obra nueva”.
