Señala que el modificado del puerto gijonés no fue aprobado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea
Gijón (E.P.).-
La UTE Dique Torres denegó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el acceso a los registros contables relativos al proyecto cofinanciado de la ampliación de El Musel y destaca que el puerto gijonés debería perder la subvención comprometida para su ampliación de 249,7 millones de euros.
"Si tenemos en cuenta que el objeto único de la constitución de la empresa adjudicataria de las obras (UTE Dique Torres) era la ejecución del proyecto en cuestión, esto implica que la contabilidad relativa al coste del proyecto para dicha empresa no ha podido ser analizado", refleja el informe.
Así se desprende del informe de la OLAF que consta de 341 folios y que ha sido publicado en la página web de Foro Asturias. El senador de Foro, Isidro Martínez Oblanca destaca que "lo sucedido en El Musel es un atropello al presente y al futuro de los asturianos y una vergüenza para España que la OLAF haya intervenido ante la pasividad demostrada durante años por las instituciones que tienen la obligación de velar por el interés público".
La OLAF señala en su informe de que el proyecto modificado de El Musel no fue aprobado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (DG Regio) por lo que "no se comprende que el beneficiario, (Autoridad Portuaria), haya aceptado el aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales, mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica directa de alrededor de 24 millones de toneladas de materiales representando aproximadamente al 75% de todos los materiales empleados".
La Oficina Europea señala que de la investigación se deduce que "hay motivos para pensar que se hayan cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea.
OLAF llevó a cabo controles "in situ" tanto en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Gijón como en las empresas adjudicatarias de contratos. De los resultados obtenidos, el organismo europeo concluye que la empresa
El informe afirma también que los elementos y la información recogidos y analizados durante la investigación "indican claramente que una serie de irregularidades y/o fraude han sido cometidos bien directamente por el beneficiario de la ayuda (Autoridad Portuaria de Gijón)bien por el adjudicatario de las obras (UTE Dique Torres) en connivencia con el beneficiario.
"Contrariamente a la información inicialmente aportada a OLAF por el beneficiario, el precio de los materiales suministrados por las canteras de 'Tudela de Veguín' no se corresponden con el originalmente aprobado en el proyecto inicial. De hecho, no existió ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales originarios de estas canteras", refleja el informe.
El escrito sostiene que dada la "gravedad" de las irregularidades detectadas y que el adjudicatario UTE Dique Torres no permitió el acceso a los registros relativos al proyecto subvencionado, OLAF considera que las autoridades nacionales deberían revocar todos los importes declarados subvencionables por la Autoridad Portuaria de Gijón, 530.981.745 euros y proceder a la recuperación de la cantidad total ya pagada por el Fondo de Cohesión (198.000.000 euros).
