El diputado de UPyD en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, ha criticado este miércoles el dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias por el que se niega la información relativa al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre presuntas irregularidades en la obra de ampliación del Puerto de el Musel, en Gijón. Para Prendes, se trata de un dictamen "judicialmente insostenible" y de un "paso atrás" en transparencia para el Principado.

   Por ello se ha sumado a las peticiones de los grupos parlamentarios de IU y PP para solicitar de nuevo el informe de la OLAF. "La mesa ha remitido el documento sin apreciar ninguna tacha jurídica que impida el acceso, tacha que ha impuesto el Consejo", ha criticado.

   En el escrito hecho público el pasado 8 de mayo, el Consejo Consultivo limita el derecho a la hora de difundir el informe y dictamina que el Principado "no puede dar acceso al informe final y recomendaciones de la OLAF en relación con al ampliación del Puerto de Gijón-Musel sin recabar previamente el parecer de la Comisión Europea o de la OLAF, pero sí debe suministrar, sin violentar el núcleo de la reserva ni revelar datos personales protegidos, y en aras a la mayor efectividad del acceso a la información, aquella que atañe a los ámbitos competenciales del Principado de Asturias que pudieran verse afectados o comprometidos por las eventuales consecuencias del informe o las actuaciones subsiguientes".

   Tras el conocimiento de este informe, el parlamentario de UPyD ha asegurado en rueda de prensa que el Consejo Consultivo se ha convertido en un "órgano subalterno a los intereses del Principado de Asturias" al tiempo que ha afirmado que se ha transformado en "subsidiario a los intereses de ocultismo y huida de asunción de responsabilidades" del Gobierno regional.

   Además, a juicio de Prendes el informe "no está acorde con la legislación" ya que se solicita información por parte de una institución pública "en representación de los ciudadanos" y por interés general. "Las prohibiciones en el acceso a documentos tienen que ser excepcionales", ha señalado el diputado de UPyD, y "si hay intereses generales por medio, no existe ninguna prohibición", ha dicho.

   En este sentido ha incidido en que el Consejo "se refugia" en la existencia de documentos de carácter personal y "se mete a determinar si los diputados tenemos o no capacidad para pedir cualquier documento que obre en poder del Gobierno de Asturias y hace una interpretación restrictiva del reglamento del Parlamento asturiano que regula las peticiones de documentación".

   Mientras tanto, ha asegurado Prendes, en otros informes que, al igual que el de la OLAF, tampoco se referían a asuntos en los que el Principado tuviera competencias, como el caso de la Mina de oro de Salave, "no se nos ha expuesto ninguna limitación".

   Por otro lado el parlamentario del grupo mixto ha afirmado que la petición de información sobre el informe de la OLAF "está avalado por la Abogacía del Estado", que estima que debe conocerse dicho informe. Asimismo ha recordado que este martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a entregar el informe a la Cámara, "no como el Principado, que se niega a hacer lo mismo ante un tema del que Montoro advirtió que podría traer consecuencias".