Desde Jueces para la Democracia valoramos que el proyecto de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita supone un retroceso importante en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y va a perjudicar a amplios sectores de la ciudadanía. En lugar de adecuar este servicio público a las necesidades reales y a las demandas de nuestra sociedad, el Gobierno ha optado por nuevos recortes que van a dejar fuera de nuestro sistema judicial a muchas personas por razones económicas, lo cual agravará aún más los efectos discriminatorios de las tasas judiciales.

El proyecto de ley incrementa los umbrales de renta para determinados grupos de población, con lo cual todos ellos perderán la posibilidad de obtener justicia gratuita. Esta medida resulta bastante grave en una situación económica especialmente difícil y castiga a los sectores sociales que van a quedar excluidos del acceso a la jurisdicción. Representa una censurable contradicción que el Estado renuncie a adoptar en este ámbito medidas de protección social y que impulse una ley para que menos gente acceda a la justicia gratuita, en unos tiempos en las que se ha incrementado el número de personas que la necesitan.

Una vez más se confirma el manifiesto incumplimiento de las promesas del ministro Gallardón, que aseguró que el dinero recaudado de las tasas judiciales se destinaría a la justicia gratuita. La realidad es que dicha partida se ha visto reducida en los últimos años, con lo que el Turno de Oficio no se ha visto incrementado en un solo euro de lo ingresado por las tasas. Desde 2009 el gasto en justicia gratuita ha disminuido en 43 millones de euros. Esta reducción de las partidas de justicia gratuita resulta enormemente criticable en una situación en la que se ha incrementado notablemente el número de personas que no cuentan con recursos para poder litigar. Además, el proyecto de ley impone nuevas trabas burocráticas que tendrán el efecto de dificultar el acceso a la justicia gratuita. En conjunto, se trata de una restricción relevante a un elemento básico del Estado Social en el ámbito judicial, como instrumento prioritario que debe garantizar el ejercicio de los derechos.

Por otro lado, no se asegura una retribución adecuada a quienes integran la abogacía en el Turno de Oficio, a lo que debe añadirse los numerosos perjuicios que hasta ahora han sufrido por las demoras en los pagos y por las consignaciones económicas insuficientes. Desde Jueces para la Democracia apoyamos las protestas y muestras de disconformidad de las letradas y los letrados del Turno de Oficio contra este proyecto de ley. Y expresamos que sus discrepancias no tienen carácter corporativista, sino que se centran en la mejora del servicio público y en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía