El diputado y portavoz parlamentario en la Junta General de Izquierda Unida (IU), Ángel González, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por la sala Civil del TSJA, por un delito de prevaricación administrativa.

   Así lo han informado fuentes del TSJA, en una sentencia en la que también se sanciona a Roberto Moro Tella como autor (cooperador necesario) del delito de prevaricación administrativa.

   La condena implica para Ángel González la pérdida de la condición de diputado electo de la Junta General del Principado, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por dicho período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera.

   El Tribunal sostiene de forma rotunda que existió un fraccionamiento ilegal de contratos públicos contrario al ordenamiento legal vigente y que la decisión de fraccionar los contratos "obedeció exclusivamente a la voluntad del acusado Ángel González que era, en el momento de los hechos, viceconsejero Bienestar Social".

   Señala también que el actual diputado de IU en la Junta General "lo pudo hacer al contar con la aquiescencia y el respaldo del coacusado Roberto Moro Tella que ostentaba el cargo de Secretario General Técnico en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social".

   El TSJA sostiene que el fraccionamiento ilegal queda "plenamente acreditado" por la prueba documental obrante en los autos y así para un único suministro de 81 hitos conmemorativos de las fosas comunes de piedra caliza con apertura de caja para colocación de placa así como transporte y colocación en diversos lugares de Asturias, el acusado Ángel González dictó tres resoluciones adjudicando cada uno de ellos, mediante la modalidad de contrato menor de suministro, la fabricación, entrega y colocación de 27 de dichos hitos.

   Considera también relevante la prueba testifical de Manuel Fernández Martínez, representante de la empresa New Construction SL. y otorga "plena credibilidad" a las declaraciones de otros testigos. El TSJA sostiene que queda acreditado que Ángel González "era plenamente conocedor de la arbitrariedad que suponía el fraccionamiento realizado y lo era porque fue expresamente advertido por la funcionaria responsable de la contratación de la funcionaria Mónica Montes".

   "Queda para la Sala plenamente acreditado que se produjo una contratación en contradicción con la normativa interna de la Consejería y en contra de la normativa sobre contratación pública y que está únicamente se produjo por la arbitrariedad del viceconsejero que en aras de una tramitación para él urgente por razones políticas obvió los procedimientos legales procediendo a fraccionar un contrato en tres contratos menores  de suministro distintos", refleja la sentencia.

   El TSJA afirma que "es patente la arbitrariedad de la resolución, ya que es absolutamente contraria tanto a la normativa interna" y ve "evidente que lo que no se puede hacer es fraccionar un contrato de suministro en tres contratos menores para evitar procedimientos de mas garantías y que por ello se dilatan más en el tiempo".