Oviedo (E.P.) .-  El grupo municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Oviedo, tras las acciones acordadas por la promotora local, remitirá a Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la Inspección de Trabajo las conclusiones y la documentación manejada en la denominada comisión de Los Palacios, en la que se buscaba aclarar todo lo ocurrido entorno al contrato del Ayuntamiento con Jovellanos XXI para levantar dos palacios, uno en Buenavista y el otro en El Vasco.

   Así lo han indicado en rueda de prensa los concejales Andrés Llavona y Belén Arganza que han explicado las actuaciones a adoptar por su grupo una vez conocidas las conclusiones de la comisión, para que esta "no se quede en mero maquillaje sobre una actuación que ha sido ruinosa para los intereses de la ciudad".

   Andrés Llavona ha indicado que antes de remitir esa información a Fiscalía y Tribunal de Cuentas llevarán a Pleno esta y el resto de las propuestas de su grupo, con la intención de que cuenten con el máximo apoyo posible.

   Y es que Foro ve conveniente remitir la información a Fiscalía y Tribunal de Cuentas para que "ambas instituciones puedan valorar con conocimiento de causa si procede la incoación de actuaciones de índole penal o de carácter contable en relación con lo aquí sucedido y ello sin perder de vista la compraventa por la empresa pública SEDES de unas oficinas a un precio muy por encima del precio de mercado".

   El resto de propuestas de Foro pasa por lograr la expresa censura política sobre un informe que elaborarán para presentárselo al resto de grupos municipales para votar un Acuerdo Reprobatorio en el Pleno Municipal hacia quienes han sido responsables, participes o colaboradores necesarios en esta ruinosa operación.

   También proponen la adopción de un Acuerdo Plenario de reserva de acciones dirigidas a exigir la responsabilidad patrimonial en la que hayan podido incurrir el ex alcalde Gabino De Lorenzo y, en su caso, los concejales del anterior y del actual equipo de gobierno. A ellos les consideran responsables de la adopción de las decisiones que han ocasionado un resultado tan gravemente perjudicial para el interés general, una vez hayan concluido los procesos judiciales en curso y pueda cuantificarse con exactitud el importe del quebranto irrogado a las arcas y al patrimonio municipales.