La Consejería de Bienestar refuerza la plantilla destinada a agilizar la tramitación de los expedientes del salario social

• El presidente Javier Fernández firma el viernes en Oporto la adhesión de Asturias a la macrorregión del Sudoeste Europeo, que impulsará las comunicaciones, el desarrollo industrial y la excelencia universitaria

• El Ministerio de Hacienda asume la propuesta del Gobierno asturiano para dedicar fondos europeos a la lucha contra el declive demográfico

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la próxima constitución de la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social con el objetivo de reforzar la cooperación entre el Ejecutivo del Principado y las organizaciones del tercer sector para afrontar los problemas sociales de forma más eficaz y participativa. El acto institucional se celebrará el martes y estará presidido por el jefe del Gobierno, Javier Fernández.

La formación de esta mesa es uno de los compromisos previstos en la Agenda Social Asturiana, documento que describe tanto los retos sociales como las políticas diseñadas por el Gobierno para afrontarlos y consolidar el Estado de bienestar en el Principado. A esta plataforma serán convocadas entidades como Cáritas, Unicef, Cruz Roja, Fundación Siloé, Proyecto Hombre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN),  la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). En cuanto a la representación del Gobierno, incluirá las consejerías de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Economía y Empleo.

Este foro de diálogo entre el Ejecutivo y las entidades del tercer sector permitirá mejorar la coordinación para hacer frente a los problemas sociales. Hay que tener en cuenta que las organizaciones citadas son aliadas de las administraciones a la hora de combatir la pobreza, luchar contra situaciones de desamparo infantil, marginación y dependencia, entre muchas otras políticas.

Como la prolongada crisis económica no sólo ha agravado las dificultades ya existentes, sino que está provocando la aparición de otras (los denominados nuevos riesgos sociales), la Mesa Ciudadana contra la Pobreza servirá también de observatorio para detectarlos y plantear respuestas concretas para abordarlos. Por otro lado, esta plataforma también participará en la elaboración del Plan de Inclusión Social, en el que ya está trabajando el Gobierno del Principado. Ese programa atenderá cuatro ejes principales: empleo, prestaciones, cobertura para grupos vulnerables y acceso a los servicios básicos.

La constitución de la Mesa contra la Pobreza es un hito más en el compromiso del Gobierno del Principado con las políticas sociales. Una de las herramientas principales es el salario social básico, prestación que cuenta este año con un presupuesto ampliable de 68 millones. La consejera de Bienestar Social ha informado al Consejo de Gobierno de que en abril se alcanzó el número de 12.000 perceptores. También ha avanzado que reforzará la plantilla para agilizar la tramitación, continuar reduciendo la lista de espera -que ahora es de unos diez meses- e iniciar un proceso de revisión y control de los expedientes.

El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada, y dentro del mismo objetivo de consolidación de las políticas sociales, los convenios de colaboración con los ayuntamientos asturianos para atender las prestaciones básicas a cargo del Plan Concertado de 2014, que movilizará más de 48 millones. De esa cantidad, 25.858.127 euros serán aportados por el Ejecutivo asturiano, lo que supone el 53,11% del total.  La cofinanciación prevista por el Gobierno central suma 853.966,85 euros.

Cooperación interregional para fomentar la industria del automóvil

El Consejo de Gobierno también ha analizado el memorando de adhesión de Asturias a la Macrorregión del Sudoeste Europeo (RESOE), que tendrá lugar el viernes en Oporto. En el acto participará el presidente del Principado, Javier Fernández, junto con los jefes de Gobierno de Galicia y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, respectivamente. También asistirán los presidentes de la Región Norte y de la Región Centro de Portugal, Emidio Gomes y Pedro Saraiva, así como el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez.

El documento destaca tres ámbitos de actuación prioritarios:

• Transportes y logística. Las cinco regiones se comprometen a promover, entre otras obras, la realización del Corredor Atlántico (que incluye el eje ferroviario entre Irún y Aveiro), aprobado por la Unión Europea, que beneficiará a toda la zona de influencia.
• Competitividad industrial. Todos los firmantes asumen la necesidad de impulsar la investigación y el desarrollo (I+D) en los procesos industriales, conforme a lo previsto en sus estrategias de especialización inteligente para el período 2014-2020 (el Consejo de Gobierno aprobó la estrategia asturiana en su reunión del dos de abril). Las cinco regiones dan especial importancia al sector de la automoción, caracterizado por los avances tecnológicos y el uso de nuevos materiales. Tanto Galicia, con la factoría viguesa de Citroën, como Castilla y León, con la de Renault en Valladolid, tienen industria automovilística. En Asturias, contamos con varias empresas –ArcelorMittal, la principal- abastecedoras de chapa, cristalería  o componentes para vehículos.
• Investigación y excelencia universitaria. Los integrantes de la euro región defenderán la creación de un área de excelencia universitaria dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior que implique a las universidades de la macrorregión. Entre ellas están las de Oviedo, Santiago de Compostela, Salamanca y Coimbra, referencias de la historia universitaria. También alentarán la colaboración entre las universidades y las empresas, con prioridad para la cooperación tecnológica y el desarrollo de actividades de I+D+i.

Las cinco regiones consideran, además, que la RESOE es el espacio adecuado para coordinar esfuerzos frente los desafíos demográficos que afrontan. Afectados por problemas de envejecimiento, dispersión y despoblación, todos estos territorios sostienen que es necesario que la Unión Europea diseñe políticas específicas para atender esta situación.

Fondos europeos

El titular de Presidencia ha informado al Consejo de Gobierno de que la propuesta de Acuerdo de Asociación elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas defiende que parte de los fondos europeos que reciba España en el período 2014-2020 se dediquen a combatir el envejecimiento demográfico, tal como había propuesto el Ejecutivo del Principado.

La Política de Cohesión de la Unión Europea para los años 2014-2020 prevé la redacción de varios documentos estratégicos. El primero se denomina Acuerdo de Asociación; después vendrán los programas operativos.

Cada Estado –en este caso, España- prepara su propio Acuerdo de Asociación. Este documento expone las prioridades y medidas para utilizar los fondos europeos y lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por primera vez, para elaborar esta propuesta se ha tenido en cuenta el criterio de los gobiernos autonómicos. La aprobación definitiva corresponde a la Comisión Europea.

El Gobierno del Principado forma parte de la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, donde también están representadas Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura. El interés común es que se apliquen medidas específicas para afrontar el envejecimiento demográfico, la reducción de la natalidad y el despoblamiento del medio rural y de las zonas desindustrializadas, entre otras situaciones. El texto del Acuerdo de Asociación redactado por el Ministerio de Hacienda menciona explícitamente estas circunstancias y subraya especialmente tres objetivos:

• Fijar población en áreas rurales, zonas con débil dinamismo demográfico y áreas industriales castigadas por procesos de reconversión. En este apartado propone mejorar la atención a los mayores, mejorar los equipamientos y los servicios, fomentar la actividad económica y favorecer la conciliación entre vida laboral y familiar.
• Planes localizados de industrialización, con especial atención al medio rural, a las zonas afectadas por el declive industrial y a los sectores estratégicos para el desarrollo económico.
• Desarrollo sostenible de las zonas rurales de interior, mediante el fomento del turismo y la preservación de entornos protegidos o de especial valor ecológico, agroalimentario o económico.