Tras la visita a 9 departamentos, se constata la "reparamilitarización" de varias regiones, el aumento de asesinatos, violaciones y torturas de la población civil para favorecer la explotación de los recursos naturales

IU reclama la incorporación a las negociaciones de paz en la Habana de los grupos insurgentes excluidos y de las organizaciones sociales

La delegación asturiana de seguimiento de los derechos humanos (DD HH) en Colombia denunció esta mañana su vulneración continuada en el país latinoamericano que cerró 2013 como el peor de la década y cómo, a pesar de esta situación, el Gobierno Colombiano ha acordado con las ONU que solo se mantenga la misión de observación y asesoría técnica hasta el 31 de octubre de este año. Esta es una de las conclusiones preliminares, tras la visita a 9 departamentos realizada el mes pasado por 9 observadores internacionales, entre ellos dos asturianos, que en las próximas semanas serán remitidas al los Parlamentos Central y Autonómico, al sistema de Derechos Humanos de la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA). Izquierda Unida de Asturias reclamó la incorporación de los dos grupos insurgentes en las conversaciones de Paz que se desarrollan en Cuba, así como los grupos sociales que, hasta ahora, han sido excluidos del proceso.

El coordinador del Programa Asturiano de DDHH, Javier Orozco, hizo hoy un relato estremecedor de esta visita, que se desarrolló del 14 al 28 de mayo pasado, para denunciar en la “reparamilitación” del país que tienen el dudoso record de estar a la cabeza del mundo de víctimas por minas antipersonas. Asesinatos selectivos de sindicalistas y líderes sociales, ejecuciones y torturas a la población civil, violaciones forman parte del día a día colombiano, cuyo crecimiento económico esconde el saqueo de colectivos especialmente.

“El que hayan asesinado a 79 personas, 28 de ellas sindicalistas, pone a Colombia otra vez como el país del mundo donde más se persigue a los sindicalistas. El asesinato de 51 personas que defienden los DD HH demuestra que en Colombia se paga con la vida el defender los derechos de los demás”, denunció Orozco. Las razones de la violencia se encuentran, a su juicio detrás de procesos de explotación de los recursos del país. “¿Por qué están matando a los sindicalistas y a quienes defiende los derechos humanos? Básicamente los matan por oponerse a los planes y proyectos de empresas multinacionales de los sectores minero y energético. No solamente están matando a los opositores de los megaproyectos de las multinacionales, también están asesinando testigos y opositores políticos”.

Los ejemplos de la barbarie los atestiguan las muertes de supervivientes a anteriores intentos de asesinato, como el de un matrimonio en el municipio de Algeciras que, con una fuerza de 6.000 militares desplegados en el territorio para una población de 24.000 habitantes, no se ha esclarecido. ¿Cómo en un pueblo donde hay un soldado por cada 4, 5 ó 6 habitantes asesinen a una persona y nadie se dé cuenta, cuando eran personas bajo su protección”, afirmó Orozco. Así, el alto número de víctimas como consecuencia de las explosiones de minas antipersonas denota, añadió, el grado de barbarie al que se ha llegado. “Han sido minadas áreas de uso de la población civil, básicamente escuelas, alrededor de centros de salud y caminos por donde transitan los campesinos”.

Las últimas salvajadas se han registrado en los barrios de Bajamar (Buenaventura), donde han establecido casas donde, denunció Orozco, “se están picando vivas a las personas, empezando por sus extremidades, para que la población alrededor oiga los gritos, se aterrorice, y se marche de los barrios de Bajamar que el terminal de contendores necesita para ampliar el puerto. Lo digo de otra manera. Están aplicando terror paramilitar, con el apoyo de las fuerzas públicas”.

La presentación de estas conclusiones preliminares fueron dadas a conocer esta mañana en rueda de prensa en la sede de IU. La coordinadora del área de Solidaridad y Cooperación de IU, Rosa Fernández, aseguró que es imprescindible divulgar todos los procesos donde, de una forma u otra, se vulneran los derechos humanos y, en ese sentido, destacó la labor de la delegación que visitó Colombia dentro del proceso de observación internacional que se desarrolla en ese país. Precisamente esta visita se encuadra dentro del programa de atención a víctimas, que lleva la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional, según explicó Ana García de Soldepaz Pachacuti, una de las organizaciones que participan en el mismo.

El coordinador de IU, Manuel González Orviz, reclamó, por su parte, que en los procesos de negociación internacionales que se están desarrollando en Cuba para lograr el fin de la violencia, se incorporen, además de las FARC otros grupos guerrilleros. “El proceso de negociación es frágil. En estos momentos se están negociando entre las FARC y el Gobierno en la Habana y, al mismo tiempo el Departamento de Estado de EE UU pone precio a la cabeza de uno de los comandantes. Entramos en este proceso y desde IU defendemos que se incorporen también los otros movimientos insurgentes al diálogo, los dos que quedaron fuera, y que se incorporen el conjunto de las Comunidades y de las organizaciones sociales”.

FOTO: de izquierda a derecha, Rosa Fernández, Manuel González Orviz, Ana García y Javier Orozco