Se ha detenido hasta el momento a 9 personas, a los que les imputan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros. Se han practicado 11 registros, 6 de ellos en las diversas sedes sociales de la empresa contratista, la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y la empresa pública ADIF; así como 5 registros en los domicilios particulares de los principales implicados.

 

Los registros realizados tienen como finalidad localizar los documentos preparatorios de los artificios para falsear mediciones y disimular después el falseamiento, así como los documentos oficiales en los que se plasman. También se buscan documentos que puedan revelar posibles dádivas económicas en favor de funcionarios de ADIF diferentes a las ya detectadas.

 

 

La denominada Operación YOGUI, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña en las provincias de Madrid y Barcelona, se inició en el mes de enero pasado por querella de la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, en el marco de la obra pública consistente en la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad que cubre el trayecto Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. La gestión de la contrata correspondió a la empresa ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, cuya obra fue materialmente ejecutada entre 2008 y 2012.

 

Se está investigando si directivos de la empresa contratista se habrían concertado con cualificados funcionarios públicos de ADIF bajo cuya responsabilidad se hallaba dicha obra y técnicos externos, para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados por el ente público ADIF.

 

De común acuerdo, se habrían alterado repetidamente las mediciones técnicas de los trabajos realizados en la obra, falseado las ulteriores certificaciones oficiales de obra ejecutada y camuflado sus ardides en la certificación final, moviendo cifras entre las diferentes partidas, a fin de dar justificación aparente a mayores trabajos de los realmente efectuados. Con ello habrían generado un ilícito sobreprecio en beneficio de la contratista de alrededor de 6 millones de euros. La propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades.

 

Algunos de los funcionarios de ADIF implicados habrían recibido contraprestaciones económicas por su ilícita conducta, ordenadas por un directivo de la empresa contratista.